Las autonomías y la CEE

LAS OPINIONES defendidas por Félix Pons -ministro de Administración Territorial- en una reciente conferencia sobre Europa: Estados y naciones reactualizan una antigua polémica. En definitiva, se trata de saber si la entrada en Europa brindará a los nacionalistas de Cataluña y el País Vasco la oportunidad de adquirir un mayor rango político o si, por el contrario, se iniciará un proceso de dilución de los nacionalismos dentro de los sentimientos europeístas. Mientras el ministro Pons cree que la integración europea implicará una superación de los nacionalismos, los partidos y grupos nacionalistas de Cataluña y el País Vasco critican severamente ese planteamiento. Dejando a un lado que sólo el transcurso del tiempo permitirá dar respuesta a esas preguntas, parece evidente que la visión de Europa como una panacea, capaz de resolver por elevación todos nuestros problemas, constituye una ingenuidad tan grande como la afirmación de que, a partir de ahora, la unidad fundamental en la vida política del continente serán las regiones y no los Estados.El riesgo encerrado en esta polémica sería recaer en la tentación de lanzarse a la elaboración de teorías encargadas de resolver sobre el papel las cuestiones del futuro, en lugar de atender y afrontar las realidades del presente. Aunque la Constitución sienta las bases para cerrar un viejo conflicto histórico y para permitir la integración voluntaria de Cataluña y Euskadi, la construcción de un Estado español moderno es una obra todavía en curso. El diseño de un modelo autonómico basado en la doctrina café para todos no ha ayudado demasiado a establecer un marco de convivencia que definiera debidamente, al margen de los avatares partidistas de cada momento, el papel de las nacionalidades históricas en España. Pero no se trata sólo de las dificultades de funcionamiento inherentes a una distribución territorial del poder a medio camino entre el autonomismo regionalista y el federalismo político. Las incógnitas se multiplican ahora con la adhesión de España a las Comunidades Europeas.

La incorporación a la CEE de la República Federal de Alemania o de Italia puso en marcha eficaces mecanismos capaces de articular las competencias de las instituciones centrales con las federales o regionales. Mientras que en España falta incluso la voluntad política necesaria para convertir al Senado en esa "Cámara de representación territorial" que la Constitución ordena, Alemania creó, con el objetivo de garantizar la debida proyección de sus länder, la figura del representante u observador en la Comunidad de las regiones. Italia, un país con un grado mucho menor de descentralización, ha creado una Conferencia de Estados-Región que, con funciones fundamentalmente informativas y consultivas, actúa como instrumento de conexión entre ambos niveles de gobierno. En Europa, así pues, ni se han superado ni se han dejado de superar los nacionalismos. Simplemente, se han ido articulando instrumentos institucionales a fin de canalizar ordenadamente y sin recelos las aspiraciones políticas de los ciudadanos.

En el caso de España no se trata de importar esta o aquella fórmula, sino de aceptar nuestra realidad interna y de ponerse a trabajar en la búsqueda de los procedimientos adecuados. Puede ser un buen punto de partida el hecho de que la mayor parte de los estatutos de autonomía reconozcan a las comunidades autónomas tanto la facultad de adoptar las medidas necesarias para la ejecución de los tratados y convenios internacionales en lo que afecten a las materias de su competencia como el derecho a ser informadas sobre esos tratados y convenios en la medida en que afecten a temas de su específico interés. Sea cual sea el camino definitivamente elegido, resultaría prematuro e inútil tratar de resolver el contencioso autonómico a base de anularlo o de integrarlo en la supranacionalidad europea. Hay problemas concretos de la integración de España en la CEE que afectan a las comunidades autónomas y que deben ser resueltos a través de la negociación concreta y el diálogo, y no mediante discusiones de salón ni tertulias periodísticas. Algo que el ministro de Administración Territorial debería ser el primero en aprender.