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Telefónica propondrá la disolución del régimen complementario de pensiones

Andreu Missé

La dirección de la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE) propondrá la disolución del régimen complementario de su sistema de seguridad social en la próxima junta general extraordinaria de la Institución Telefónica de Previsión (ITP), convocada para el 27 de diciembre, según fuentes de la Federación de Transportes de UGT. Para evitar posibles incumplimientos de la propuesta, la dirección ha destituido ya de la ITP, pero no de sus cargos, a Marcos Sanz Agüero y José Rubio Ramiro, representantes de la empresa en la ITP, miembros de UGT y militantes del PSOE.

Marcos Sanz es director de servicio de la compañía y diputado socialista en el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Madrid. José Rubio es director gerente de Playa de Madrid, entidad filial de la compañía. La dirección de la empresa celebró una reunión el pasado jueves con la mayoría de sus representantes en la junta de la ITP en la que comunicó sus propósitos de destituirles de sus cargos en la empresa si no aplicaban los criterios dictados por la dirección, según ha señalado Rafael Valera, secretario general del sector de Telefonía de la dirección de Transportes de UGT. La compañía, en unas declaraciones realizadas a la agencia Efe, desmintió el cese de los dos miembros de la junta de la ITP, aunque admitió "la sustitución" en este organismo de Marcos Sanz Agüero, cuyo puesto ha sido ocupado por el también socialista Roberto González Rueda.La junta general de la ITP está integrada por 42 miembros, la mitad en representación de la empresa y la otra mitad en nombre de los empleados. En medios sindicales se teme también que la compañía adopte represalias contra los representantes de los trabajadores que ocupan puestos de responsabilidad en la empresa. La junta se celebrará en el hotel Monte Real, en las afueras de Madrid, y se ha solicitado protección policial en previsión de que se efectúen concentraciones de protesta.

Decisión tras el paro

La decisión inicial de disolver el régimen complementario de pensiones fue acordada por el consejo de administración el pasado día 18, el día siguiente del paro celebrado por los empleados. En un principio, la dirección estaba dispuesta a intentar un acuerdo con los representantes de los trabajadores, pero acontecimientos posteriores radicalizaron su posición hasta el extremo de adoptar una decisión unilateral.

Los representantes sindicales consideran irregular la convocatoria de la junta por estimar que no se cumplen los requisitos legales y han anunciado su propósito de dirigirse a los ministerios de Economía y Hacienda y Trabajo para que impidan la celebración de la reunión. En el caso de aprobarse la disolución del régimen complementario de pensiones, está prevista la celebración de un paro de cuatro horas para el próximo 9 de enero.

El contencioso entre Telefónica y los representantes laborales, entre los que UGT es la fuerza principal, es consecuencia de la crisis financiera de la ITP y el seguro colectivo, que sufren un déficit en las reservas de unos 110.000 millones, según un estudio de la compañía.

Aunque el equipo de Luis Solana, presidente de la compañía, con Germán Ramajo al frente de la dirección financiera, ha sido el primero en afrontar la crisis financiera de sus instituciones de previsión, sus alternativas no han sido aceptadas por los empleados, quienes consideran excesivos los recortes en sus pensiones. Los sindicatos no están dispuestos a ceder por considerar que la compañía se ha beneficiado de un sistema que le ha permitido menores cotizaciones que el régimen de la Seguridad Social.

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