Ideología y prisiones.

LAS ÚLTIMAS huelgas de funcionarios de prisiones, producidas hace unos días, se han sobrepuesto a los motines, fugas, suicidios y violencias ya habituales dentro de las prisiones. Un reguero casi permanente de noticias sobre desórdenes en los centros penitenciarios denuncian la gravedad ya crónica de un problema al que el Gobierno parece haber dedicado más esfuerzo en palabras y en normas que en medidas materiales y en reformas organizativas. Uno de los rasgos del conflicto se inscribe dentro de los enfrentamientos ideológicos característicos de esta etapa de gobierno: una legislación aperturista, de carácter humanitario e ideológicamente progresiva, que tropieza con una práctica basada sobre supuestos de disciplina y represión máximos para conseguir la estabilidad de la población penal. Mayor importancia tiene todavía la deficiencia de recursos presupuestarios y de instalaciones adecuadas que hicieran posible el cumplimiento del espíritu normativo. En definitiva, la idea legisladora socialista, calificada por el ministro Ledesma como uno de los objetivos más importantes de este Gobierno, no ha sido llevada a la práctica: la construcción o reconstrucción de edificios penales y sus condiciones de habitabilidad ha sido escasa, el reciclaje del antiguo Cuerpo de Prisiones resulta insuficiente, se carece del engranaje entre la justicia y sus sentencias y se descuida una mejor distribución de los reclusos según sus condiciones específicas.

La respuesta -principalmente disciplinaria- dada a esos problemas por influyentes sectores del Cuerpo de Prisiones consiste en criticar la legislación supuestamente idealista de los socialistas y en tratar de responsabilizar al Gobierno del caos de las prisiones. Funcionarios de trece cárceles -de las 79 existentes- participaron la semana pasada en encierros y huelgas de celo para solicitar medidas de seguridad más rígidas en los establecimientos penitenciarios. Aun aceptando que tales medidas son insuficientes y facilitan los altercados entre los internos y los funcionarios, el ministro de Justicia se ha manifestado inflexible frente a cualquier propuesta de modificar la legislación penitenciaria o de restringir los derechos de los internos. Parece evidente que la solución a los problemas del hacinamiento carcelario y de la mezcla de toda clase de delincuentes y aun de presuntos delincuentes (los presos preventivos continúan representando un elevado porcentaje de la población reclusa) no puede ser meramente represiva. Los reclusos tienen todas las razones para exigir que se les apliquen las ventajas a que la ley les da derecho; sobre todo, teniendo en cuenta que se trata de la codificación de una filosofía que procede por lo menos del siglo XIX y que, en otros países, se está practicando desde hace mucho tiempo. En este sentido, el ministro de Justicia tiene toda la razón al decir a los funcionarios de prisiones que va a ser intransigente en su proyecto de continuar la reforma emprendida: es la instrumentación normativa de una ideología del Gobierno, del partido mayoritario e incluso de la izquierda general y amplia. Sin embargo, Fernando Ledesma pierde esa razón en cuanto que no da medios para que se cumpla y no presiona suficientemente al presidente del Gobierno y al ministro de Hacienda para conseguir las asignaciones presupuestarias necesarias. Su afirmación de que los funcionarios disponen de recursos bastantes para "poder imponer el respeto, la disciplina y el orden" dentro de los establecimientos no parece del todo ajustada a los hechos. Con demasiada frecuencia ese orden no existe o -lo que es peor- queda suplantado por sistemas que desbordan la legislación reformista y que conculcan el respeto de los derechos humanos. Los socialistas no pueden creer que la forma de lograr el pretendido cambio sea legislar y esperar; y menos aún pueden pretender que la opinión pública les acompañe en esa resignación fatalista. Este país puede tener poco dinero para algunas cosas. Pero que la justicia siga en un estado caótico o que las cárceles ofendan al mismo concepto de dignidad humana por culpa de la cicatería en la asignación de recursos presupuestarios es algo que sólo puede explicar la falta de eficacia política al determinar las prioridades de un programa de gobierno