Reflexiones en torno a la Rumasa Socialista

El pasado 23 de octubre, el Grupo Socialista rechazó, una vez más, la petición hecha por mí en nombre del Grupo Popular, y avalada con el voto favorable de todos los demás grupos de la Cámara, de constituir una comisión especial en el Congreso de los Diputados para investigar la gestión pública del holding Rumasa, la reprivatización de sus empresas y las causas que han hecho posible que tan sólo en dos años y medio de gestión socialista del grupo expropiado las pérdidas del mismo hayan alcanzado al menos la cifra de 555.000 millones de pesetas, según la última confesión del señor Del Moral en la Comisión de Presupuestos, o la próxima al billón de pesetas a que nosotros pensamos que se llegará. Y no se trata, como se está intentando, de centrar la discusión política en torno a la diferencia apuntada, pues tan irracional, impresentable y contraria al sentido común es una como otra cantidad.Los argumentos y elocuentes datos numéricos que ampararon nuestra posición ante el Pleno del Congreso nos llevaron a afirmar finalmente que en la gestión de la Rumasa socialista existen indicios racionales de corrupción pública. Mis afirmaciones no fueron contradichas en momento alguno por el portavoz socialista, ni tampoco por el Gobierno, ausente del debate.

Desde la celebración del pleno hemos recibido muchas opiniones que dan la razón a nuestros planteamientos y nos animan a seguir en nuestra lucha, incluso por parte de destacados miembros del Grupo Socialista, que no entienden cómo un partido político, ante acusaciones tan graves y contrastadas, se niega a abrir las puertas de la Administración pública de par en par para que la oposición pueda investigar con total transparencia, como corresponde a un país democrático, en el que el comportamiento ético debiera ser su primera regla.

Por nuestra parte hemos meditado profundamente sobre este asunto, que constituye una de las páginas más graves y bananeras de nuestra joven democracia. Nos gustaría que el partido socialista dejara investigar a fondo y que al final de dicha investigación, y como conclusión de la misma, pudiéramos proclamar que el Gobierno socialista había hecho las cosas correctamente. Supondría un paso adelante muy importante en la consolidación de la democracia, que posturas como éstas del PSOE van haciendo cada vez más difícil.

Si contraponemos la elevación a categoría de teoría del Estado, por parte del Gobierno socialista, del espionaje a los partidos políticos legalizados -premiando el partido socialista con un puesto en el Consejo del Poder Judicial al magistrado del Tribunal Supremo que ha hecho posible esta original teoría-, con su negativa a que los ciudadanos, a través de los cauces constitucionales propios de una democracia de la Europa libre, podamos investigar una situación que es anómala publicamente, la conclusión clara es que vamos camino de una democracia formal pero no real. Y esto para muchos españoles es gravísimo.

Protección del 'dinero negro'

Nos preocupa mucho quién o quiénes deberían haber pagado los platos rotos en el estropicio de la expropiación de Rumasa, como acertadamente dice EL PAIS en su editorial del pasado 7 de noviembre. Nosotros coincidimos en que nunca se debió proteger por el Estado a aquellos tenedores de títulos de Rumasa y depositantes en la misma, que cobrando tipos de interés muy superiores a los de mercado, debían ser ellos mismos quienes soportaran el riesgo como contrapartida a su mayor beneficio. Y así, en el debate celebrado el pasado 8 de mayo, tuvimos ocasión de afirmar: "Quizá lo único que se garantizó de verdad por la expropiación de Rumasa fue los intereses de los ahorradores o depositantes en bancos de dicho grupo -sus legítimos intereses, tal como se dice en la exposición de motivos del decreto ley de expropiación-, y ello sin haberse planteado como cuestión previa -esto lo decimos desde los bancos de la derecha- que el coste que se ha producido debía ser soportado por todos los ciudadanos, cuando los beneficios que hubieran obtenido aquellos impositores provenían en muchos casos de dinero negro retribuido con extratipos, y de esos beneficios producidos sólo disfrutarían los depositantes o ahorradores y no la comunidad; y cuando se cobra más hay algún riesgo que es preciso soportar personalmente"

Ni el partido socialista ni el señor Boyer contestaron nada en aquella ocasión. Este último sí lo hizo al responder a una interpelación mía sobre Rumasa el pasado 16 de mayo, diciendo que el Gobierno socialista, en la disyuntiva entre que el coste lo paguen los depositantes, los accionistas ajenos al grupo Rumasa y sus trabajadores, o el conjunto de la sociedad española, optó porque fuera esta última la que lo soportara.

Al final, en la práctica, la solución socialista ha llevado a que el coste de Rumasa sea soportado por todos los ciudadanos españoles y que la contrapartida anunciada de conservar los puestos de trabajo del grupo o la de salvar el capital de los accionistas ajenos a Ruiz-Mateos se cumpla en una insignificante parte. Los socialistas, en definitiva, sólo protegieron el dinero negro colocado a extratipo en las sociedades y bancos del grupo Rumasa. Caro precio éste como contraprestación a la alocada aventura socialista de Rumasa.

La solución que en su día propuso el Grupo Popular hubiera permitido hacer las cosas mucho mejor y sobre todo no socializar las pérdidas. Pero, como siempre, los socialistas no aceptaron más solución que la suya.

Hoy son de recordar las siguientes palabras del portavoz socialista en el Congreso al tramitarse la ley de expropiación de Rumasa: "Con toda tranquilidad de creer que hemos hecho lo que debíamos, podemos terminar diciendo con Albert Camus que la paz en nuestros corazones llegará el día que podamos decir: hicimos lo que teníamos que hacer, hicimos lo que teníamos el deber de hacer".

Después de todo lo ocurrido en torno a la expropiación de Rumasa, muchos españoles estamos seguros de que la paz no ha llegado a los corazones socialistas.