Política magrebí

La política de globalización que España pretende llevar en el Magreb, basada en el equilibrio entre los dos grandes países norteafricanos, Marruecos y Argelia, está cargada de ambigüedades y apenas si logra un equilibrio inestable. Cada acuerdo o medida adoptado por España con vistas a uno de estos dos países que protagonizan una rivalidad artificial desde hace más de 10 años nos obliga a un gesto de compensación que evite las iras del contrario. Gestos que no revelan como trasfondo una política coherente y soberana, sino bandazos que pretenden eludir represalias de nuestros vecinos. La impresión de que la globalización no es más que un eufemismo de la política de cal-arena ha llegado a sus últimos extremos en la cuestión del Sáhara, al decidir expulsar a todos los saharauis vinculados al Polisario tras los acontecimientos de El Junquito y el Tagomago, al tiempo que en las Naciones Unidas se apoya una resolución de inspiración argelina, que pide el entendimiento de Rabat con un movimiento al que en Madrid se ha privado de toda credibilidad.Varios hechos recientes evidencian algunas de las incoherencias de nuestra política magrebí. El primero es la posible cooperación político-policial anunciada por el corresponsal de EL PAÍS la víspera de la visita de Fernández Ordóñez a Marruecos (11 de agosto de 1985), concretada en una "posible colaboración policial española en la persecución por parte de Marruecos del grupo Aman (sic) (Adelante), organización a la que se acusa de atentar contra la seguridad del Estado y cuyos componentes no comulgan con la cuestión del Sáhara". Con posterioridad a dicha fecha nada se ha divulgado a propósito de dicha colaboración, pero sí se ha informado de una reciente campaña de detenciones en el vecino país, que ha afectado al menos a medio centenar de personas vinculadas a dicha organización, Ilà al-Aman (Hacia Adelante). Me parece necesario recordar que se trata de un partido ilegal que nutre la mayor parte del censo con reclusos políticos marroquíes (aunque se censan también numerosos sindicalistas y militantes de grupos políticos legales como la UNIT, DCT, USFP, PPS y OADP), aparecido a principios de los años setenta e integrado por ex militantes comunistas y socialistas, sobre el que pesa la acusación de traición por haber reconocido desde, el primer momento el derecho de autodeterminación y de independencia de los saharauis. Al no ser un movimiento armado ni haberse responsabilizado de actividades terroristas resulta de todo punto improcedente aceptar siquiera una posible colaboración entre nuestros respectivos ministerios del Interior para su persecución, pues estaríamos contraviniendo los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, plasmados en el artículo primero de nuestra Constitución.- Universidad Autónoma de .