150.000 profesores de la enseñanza pública fueron ayer a la huelga, según los sindicatos convocantes

Cerca de 150.000 profesores de los centros públicos de enseñanza general básica, bachillerato y formación profesional, según los sindicatos convocantes, y apenas 30.000, según el Ministerio de Educación y Ciencia, secundaron ayer la convocatoria de una huelga para exigir a la Administración que abra negociaciones sobre reivindicaciones profesionales y económicas del sector. La plantilla de los centros públicos de enseñanza primaria y media asciende en toda España a unos 250.000 profesores, y la convocatoria del paro, que hoy entra en su segundo y último día, ha sido suscrita por cinco sindicatos.

La huelga ha sido convocada por la Asociación Nacional del Profesorado Estatal de EGB (ANPE); las federaciones de enseñanza de CC OO y UGT; la Unión Confederal de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza (UCSTE) y la Federación de Sindicatos del Profesorado de EGB (FESPE). El sindicato de enseñanza de la CNT y un sector escindido de UCSTE, que reivindica las mismas siglas, se oponen a la convocatoria.El comité de huelga estimaba en 100.000 los profesores huelguistas en la jornada de la mañana, pero FETE-UGT, uno de los cinco sindicatos convocantes, elevaba ya esa cifra a cerca de 150.000 al final de la tarde. Según este sindicato, la convocatoria fue secundada mayoritariamente en Galicia (con un 100% del profesorado de los dos niveles en huelga), y en Madrid, donde paro, siempre según la misma fuente, el 80% de la plantilla de los centros públicos de EGB y el 60% de la de enseñanzas medias (bachillerato y formación profesional). Según los datos de FETE-UGT, la menor repercusión del conflicto se produjo en Cataluña y el País Vasco, donde el sindicato socialista asegura que paró el 20% del profesorado, aunque sólo del nivel de EGB.

Sin embargo, fuentes ministeriales afirmaron, a partir de los datos facilitados por sus direcciones provinciales, que "sólo paró uno de cada nueve profesores de los dos niveles", lo que representa apenas un 12% del total de la plantilla del profesorado público, es decir los profesores que dependen de las Administraciones central y autonómica.

Las organizaciones convocantes esperan que hoy se generalice el conflicto "hasta llegar a la paralización de la actividad académica en todos los centros públicos, acaso. con la excepción del País Vasco y Cataluña". Los sindicatos empiezan a considerar la eventualidad de llamar al profesorado a una huelga intermitente, de un día a la semana. Los profesores reivindican una nueva ley de Seguridad Social, que posibilite la mejora de las pensiones de los funcionarios docentes y el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios.

Un tercer punto de la tabla reivindicativa de los sindicatos se refiere al cumplimiento de los acuerdos con el ministerio acerca de la homologación salarial de los profesores con el resto de los funcionarios. Los sindicatos quieren también negociar la entrada inmediata de los profesores en el nuevo sistema retributivo de los funcionarios y la generalización del coeficiente 3,6 a los trienios de aquellos maestros que todavía perciben parte de este complemento de antigüedad con arreglo al coeficiente 2,9, anterior a la ley General de Educación de 1970.

Un portavoz oficial de Educación y Ciencia manifestó que la negociación de la futura ley de Pensiones no depende de este departamento y que tampoco parece posible una negociación sobre el porcentaje de incremento salarial para 1986, establecido en un 7,5% para todos los funcionarios en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1986, que ya han superado el trámite del Congreso.

En cuanto a la homologación con el resto de los funcionarios y a la aplicación del nuevo régimen retributivo, el portavoz ministerial dijo que "los sindicatos saben que son cuestiones vinculadas al futuro estatuto del profesorado, en fase de elaboración y que la negociación sobre el mismo se abrirá a partir de enero próximo". En relación al coeficiente de los trienios, el ministerio asegura que la cuestión se está estudiando, a raíz de una reciente sentencia del Tribunal Supremo al respecto y favorable a la exigencia de los profesores, "pero parece poco razonable", dijo el portavoz, "que se pida a: esta Administración que resuelva en un mes una cuestión que viene arrastrándose desde hace más de 15 años"