Razones políticas y razones morales

La política de reinserción social es hoy un elemento central de la estrategia política diseñada por el Gobierno socialista para la pacificación del País Vasco. Lo que antes era una vía apenas entreabierta por el Gobierno anterior ha alcanzado ya una magnitud y una importancia difícil hoy de discutir.Por ello, nada tiene de extraño que los principales y más rabiosos opositores de la reinserción social sean quienes, con desesperanza creciente, persisten en defender la estrategia y las acciones de ETA.

Aceptación social

Lo admirable en todo esto es la aceptación social que la vía de la reinserción ha encontrado no sólo en el País Vasco, sino en el resto de España. Al fin y a la postre, de lo que se trata es de incorporar al sistema democrático no a quienes han sido críticos pacíficos del mismo, sino a quienes, directa o indirectamente, han empuñado las armas contra la Constitución y el estatuto de autonomía, es decir, contra la voluntad de la mayoría. Es cierto que, en algunos sectores sociales vascos, razones de parentesco y afectividad, amén de un considerable grado de confusión ideológica, han llevado a defender este proceso en términos éticos o de justicia. Sin embargo, para la mayoría de los ciudadanos, siempre ha estado claro que las razones que apoyaban la reinserción eran más razones de conveniencia que razones políticas.

Entiéndaseme bien: no digo que las razones políticas estén desconectadas de la ética o de la justicia; lo que afirmo es que ninguna razón de justicia exigía que la democracia tratara con benevolencia a quienes han formado parte de un colectivo terrorista. Ninguna razón, salvo que entendamos como tales la superioridad de la democracia sobre la barbarie o la afirmación de la tolerancia sobre la exclusión; cuestiones que, evidentemente, nada tienen que ver con la reparación de la injusticia. Cosa bien distinta ocurre con quienes, contra su voluntad y ante la amenaza, la extorsión o el chantaje de ETA, han tenido que abandonar la tierra en que desarrollaban su vida y su trabajo.

La verdad es que de éstos apenas se acuerda nadie si no son ellos mismos, sus próximos y sus amigos. No suponen hoy un problema político. La sociedad es consciente de que existen y de que se han ido. No han integrado organizaciones terroristas, ni han exigido una negociación política sobre la alternativa KAS, ni aparecen todos los días en los medios de comunicación pretendiendo representar al pueblo vasco. Simplemente, se han ido. A veces, solos; otras, con sus familias. Los hay que han trasladado sus negocios, dejando un vacío económico en la sociedad.

Los más, sólo han sido capaces de crear una vacante en su empresa o en la Administración, rápidamente cubierta o, quizá amortizada por la crisis económica. En todo caso, no quitan el sueño ni de los políticos ni de los Gobiernos.

Pues bien, existen razones de justicia para que la sociedad y sus representantes públicos se preocupen de estas personas. Razones morales para que la violencia injusta que han sufrido en sus vidas sea reparada. Razones éticas para que la sociedad no acepte, como dado e inmodificable, lo que no tiene otro origen que la sinrazón del terrorismo. Importa poco a esos efectos quiénes sean estas personas, su ideología y sus intereses concretos, su adscripción a la derecha o a la izquierda, al nacionalismo o al españolismo.

A algunos les importará más su significación económica y lo que desde esta perspectiva pueden aportar al País Vasco. De hecho, no es tarea difícil defender por razones económicas el derecho al retorno de empresarios emigrados en un país en que falta, entre otras cosas, capacidad empresarial. Pero se equivocan radicalmente quienes piensen que el colectivo de los expulsados se reduce a los empresarios extorsionados, porque la amenaza etarra no sólo ha tocado beneficios empresariales, sino ideologías y oficios varios: funcionarios públicos, técnicos de empresa, propietarios de bares, médicos, maestros, obreros y otras comunes especies de seres humanos. Por cierto, no sé en qué cambiarían las cosas si los únicos afectados hubieran sido empresarios.

Razones morales

No son las razones económicas las importantes en esta argumentación. Alguna vez, sin ingenuidad alguna, tenemos que plantearnos la defensa de una causa simplemente por razones morales y motivaciones de justicia.

Voluntarismo, dirán algunos. No lo creo. Hay ya situaciones, concretas que pueden resolverse. Otras llevarán más tiempo y exigirán que las condiciones sociales cambien toda vía más. Habrá que recordar que la razón moral debe ser también una razón política. No se hace atractivo construir la paz en el País Vasco sobre el olvido de la injusticia. Desgraciadamente, los muertos y el sufrimiento no son reversibles. Algunas injusticias todavía pueden ser reparadas; deben serlo.