Mangada recurrirá al Gobierno si el Ayuntamiento de San Fernando niega la licencia de un vertedero

La Comunidad de Madrid pedirá al Gobierno que dé la necesaria cobertura legal a la construcción del depósito de residuos Industriales previsto en San Fernando de Henares si, como es previsible, el Ayuntamiento niega la concesión de la licencia municipal, afirmó ayer Eduardo Mangada, consejero de Ordenación Territorial y Medio Ambiente.

Eduardo Mangada, en el transcurso de una conferencia de prensa celebrada ayer, anunció que las obras de construcción de la primera fase del depósito de San Fernando de Henares y de la planta e tratamiento físico-químico -ésta última prevista en el término municipal de Madrid, junto a la estación depuradora de Valdebebas-, se han adjudicado a un consorcio formado por tres empresas. Las obras tienen un presupuesto de 441 millones de pesetas.A la conferencia de prensa asistieron Jorge Tinas, director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, y Joaquín Ros, de la Dirección General de Medio Ambiente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU). También asistió, invitado por Mangada, el alcalde de San Fernando de Henares, el comunista Enrique Guerra, opuesto al proyecto.

Eduardo Mangada y Enrique Guerra sostuvieron una polémica sobre las bondades y desventajas de las instalaciones. El alcalde recordó los esfuerzos de su Ayuntamiento y de otros de la comarca del Henares por atajar la contaminación de los ríos Mesde hace varios años, cuando la Comunidad no existía", para insistir en que no se opone a la construcción del depósito, sino a su ubicación "en una zona ya sobresaturada de instalaciones peligrosas, y en contra del sentir de la población".

Guerra preguntó a Mangada si podía darle seguridades por escrito de que la futura planta de incineración, tercera de las instalaciones del proyecto, no se va a construir también en su localidad, y de que el depósito no va a almacenar, ni siquiera temporalmente, productos calificados como no admisibles. Mangada dio públicamente al alcalde las seguridades pedidas y le invitó a participar en una futura comisión de seguimiento del depósito y su funcionamiento.

Petición al Gobierno central

El alcalde preguntó luego al consejero cuál sería su actitud si el Ayuntamiento denegase la licencia de obras. Mangada respondió que en ese caso utilizaría los recursos previstos en el artículo 180.2 de la ley del Suelo de 1976, que faculta al Consejo de Ministros, previa petición del ministerio correspondiente, en este caso del MOPU, a dar luz verde a un proyecto de interés general aunque el Ayuntamiento afectado se oponga. El alcalde afirmó que tal medida vulnerana la autonomía municipal y resultaría posiblemente inconstitucional. Mangada replicó que la ley permite diversas posibilidades y todas ellas son lícitas. "Sólo el Tribunal Constitucional, dijo, "puede decidir si una actuación lo es o no. También la Administración central ha utilizado esa vía para tramitar proyectos no aprobados por la Comunidad y no por eso nos hemos sentido agredidos".Mangada insistió en que el depósito de San Fernando de Henares almacenará exclusivamente residuos industriales previamente neutralizados y que el depósito, además de estar enclavado en un terreno de arcillas muy apropiado por su impermeabilidad, estará dotado de capas de aislamiento y protección contra posibles fugas, que reducen los riesgos casi a cero. Mangada añadió, a una pregunta del alcalde, que en ningún caso se puede afirmar que una instalación es total y absolutamente segura, pero que se han tomado todas las medidas posibles de seguridad.

Jorge Tinas apoyó las palabras de Mangada y afirmó que el Ayuntamiento de Madrid se siente satisfecho de colaborar en el control de residuos industriales. Joaquín Ros declaró que el proyecto en cuestión es el primero que se hace en España y resaltó su importancía como experiencia piloto, que está siendo seguida paso a paso por los responsables ministeriales.