Frustrado el intento de diálogo entre el Ministerio del Interior y el SUP

Representantes del Ministerio del Interior y del Sindicato Unificado de Policía (SUP) han mantenido contactos durante estos ultimos días con el fin de alcanzar un acuerdo que anulase las manifestaciones efectuadas ayer en los principales centros urbanos de España. Sin embargo, tales contactos se vieron frustrados ante la imposibilidad de lograr un texto común que recoja las aspiraciones de ambas partes.Interior propuso al SUP la firma de un escrito -que quedaría suscrito por Rafael del Río, director general de la Policía, y Antonio Martínez Ovejero, asesor ministerial para las relaciones con los sindicatos- que recoge la totalidad del acuerdo marco para la ordenación de las actividades sindicales en la policía, firmado el pasado 14 de noviembre entre la Administración y cuatro sindicatos policiales, que se desengancharon de las movilizaciones contra la ley. Además, el acuerdo que Interior ofreció al SUP contaba con cinco artículos más, que hacían referencia a aspectos retributivos y a la liberación de sus dirigentes sindicales.

El primer artículo de los añadidos en la propuesta de Interior indicaba la voluntad de "constituir una comisión mixta ( ... ) para abordar, dentro del primer semestre de 1986, la especificidad del Cuerpo de Policía Nacional en los aspectos retributivos". En especial, "la compensación al personal por los sistemas de turnos, penosidad, ayuda de vestuario, plena dedicación y complementos especiales". Asimismo, el artículo tercero establecía el propósito de reducir el horario de trabajo a la jornada de 40 horas.

Consejo de la policía

Fuentes del SUP indicaron a este periódico: "No podemos aceptar este acuerdo porque se centra en cuestiones corporativistas, olvidando la reforma de las estructuras policiales".En la contraoferta del SUP se pide que las decisiones del futuro Consejo de la Policía -órgano de mediación entre Administración y sindicatos- tengan carácter vinculante y la supresión de la disposición adicional primera del proyecto de ley policial, que perpetúa la existencia de mandos militares al frente de unidades de policía uniformada.