El Congreso aprueba los gastos de personal reflejados en los presupuestos generales
El Congreso de los Diputados aprobó ayer los tres primeros títulos del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1986: el referido a los créditos y sus modificaciones, el de los gastos de personal, y el relativo a operaciones financieras. La mayoría socialista aceptó tres enmiendas: una presentada por el PNV, otra defendida por el diputado comunista Fernando Pérez Royo, y una tercera de Minoría Catalana. Quedaron rechazadas las defendidas por los demás grupos parlamentarios.Los portavoces de los partidos de la oposición señalaron en sus intervenciones que con la aceptación del proyecto como ha sido presentado se estaba dando "un cheque en blanco al Gobierno", en palabras del representante centrista, y se "autorizando al Gobierno a hacer lo que le dé la gana", según el Grupo Popular.
El inicio de la discusión en el Pleno del proyecto de Presupuestos para 1986 contó con la intervención de José Miguel Bravo de Laguna, del Grupo Centrista, quien recordó la posición de su grupo adoptada en el debate en comisión ante la negativa del Gobierno y del grupo parlamentario socialista a aceptar cualquier tipo de enmiendas de los otros grupos parlamentarios".
El diputado José Ramón Calero, del Grupo Popular, intervino recalcando las mismas cuestiones que el portavoz centrista y destacó que con las modificaciones introducidas no se puede ejercer el necesario control parlamentario sobre los ingresos y gastos del Estado y su destino final.
El diputado Gotzon Olarte, del PNV, a quien se le aceptó una enmienda sin importancia real sobre el texto del proyecto, también opinó que las asignaciones recogidas en los Presupuestos deben ser concretas y no pueden considerarse abiertas a la discreción del Gobierno. En términos similares se pronunciaron los portavoces de Minoría Catalana y Grupo Mixto.
Francisco Fernández Marugán, portavoz del Grupo socialista, rebatió estas intervenciones.
Subida de altos cargos
En el título segundo de los Presupuestos, referido a los gastos de personal, se discutieron enmiendas que perseguían la congelación de los sueldos de los altos cargos de la Administración, por su crecimiento en un porcentaje del 7,2% igual al del resto de los funcionarios. Algunos grupos parlamentarios consideraban que el proyecto de ley presentaba unas subidas salariales para los cargos políticos bastante por encima de la decidida para el resto de la Administración.
El diputado socialista Ciriaco de Vicente contestó a los representantes del Grupo Popular señalando que el incremento de retribuciones para los altos cargos era ya del 7,2% y no del 24% como se afirmaba, y alegó que los populares habían sumado dos veces la partida de las percepciones por dedicación absoluta.
La aprobación del tercer título, operaciones financieras, fue lo único que provocó la intervención del ministro de Economía, Carlos Solchaga, quien contestó la intervención del diputado popular Pedro Schwartz. El portavoz del grupo mayoritario de la oposición pidió la devolución al Gobierno de este título porque, en su opinión, cuando el Gobierno habla de la reducción del déficit público está escondiendo la realidad de que las necesidades de endeudamiento de las administraciones públicas ha crecido de forma espectacular durante los años de gobierno socialista. Carlos Solchaga contestó señalando que ambas cosas son compatibles, ya que reflejan situaciones distintas, y que en ningún caso el crecimiento del endeudamiento del sector público había privado de financiación al resto de los sectores de la economía.
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