Los ayuntamientos, furgón de cola del Estado

Los municipios y diputaciones españoles reclaman su participación directa en las negociaciones que mantiene el Gobierno central y determinados Gobiernos regionales (Cataluña, Galicia o Andalucía) para la elaboración de un sistema definitivo de financiación de las comunidades autónomas. "Las corporaciones locales somos Estado, según fa Constitución", afirma Tomás Rodríguez Bolaños, alcalde de Valladolid y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), "y no queremos que se produzcan acuerdos sobre la distribución de los recursos estatales de financiación, que también nos pertenecen a nosotros, a costa de los ayuntamientos y de espaldas a los mismos".

La FEMP, que agrupa al 95% de las corporaciones locales, está ultimando la preparación de su tercera asamblea general, que se desarrollará en Madrid del 29 de noviembre al 1 de diciembre, bajo el lema "Por la afirmación de la autonomía local" y. que va a tener un claro carácter reivindicativo. La FEMP sostiene que el Estado surgido de la Constitución está integrado por tres administraciones -central, autonómica y local-, independientes y no jerarquizadas, y que la distribución de los recursos de financiación debe ser abordada conjuntamente."Los municipios hemos pasado de una situación de absoluta dependencia del Gobierno central, propia del franquismo, a una mera descentralización administrativa. No se ha materializado la autonomía que nos otorga la Constitución y a lo largo de estos años, en que sólo se ha hablado de Comunidades Autónomas y Administración central, el municipio ha sido costantemente agredido", señala Rodrígueiz Bolaños.

Los alcaldes, ante el anuncio de un posible acuerdo de financiación entre el Gobierno central y la Generalidad de Cataluña antes del 31 de diciembre, insisten en que las tres administraciones deben sen tarse previamente a negociar cual, es el papel, atribuciones y recur sos, que corresponden a cada una de ellas. "No nos interesan las prisas. No se trata de confeccionar nuevos parches para contentar coyunturalmente a una determinada región y aplazar la solución de los verdaderos problemas de fando", señala el presidente de la FEMP.

"Queremos intervenir en la elaboración del sistema definitivo de financiación de las Comunidades Autónomas; lo mismo que deseamos que éstas participen en la elaboración de nuestro porpio sistema de financiación".

Un papel diferenciado

Los ayuntamientos reivindican, dentro del Estado, su especialización como la administración prioritaria en la prestación de servicios al ciudadano. Argumentan que son las instituciones más cercanas al mismo y se quejan de la competencia que ejercen gobiernos regionales y Administración central en actividades que les son propias y de la constante apropiación de sus competencias.

Desde la Administración central no sólo se regatean recursos financieros a los ayuntamientos y diputaciones, según los alcaldes, sino que incluso se les obliga a subvencionar con cargo a sus presupuestos determinados servicios prestados por otras administraciones del Estado.

El ejemplo más claro son las casas de socorro y los hospitales provinciales, cuya administración ha sido segregada de las competencias de la administración local en favor de las comunidades autánomas, pero cuya financiación (entre 40.000 y 60.000 millones anuales) seguirá saliendo de las arcas municipales. «Estamos financiando cosas que no son de nuestra competencia", indica Rodríguez Bolaños.

Otro ejemplo son las escuelas. Su construcción se hace de forma centralizada, sin participación de los ayuntamientos, y a los tres meses 'los municipios tenemos que afrontar costosas obras porque están mal acabadas, porque los niños tienen frio (se han levantado en Segovia o Avila centros que podría funcionar perfectamente en una provincia cálida, pero no en estos climas), o porque no funcionan las instalaciones. "No podemos participar en el diseño de los centros escolares, pero luego cargamos con las reclamaciones de los vecinos por sus deficiencias o por su mal funcionamiento", señalan las citadas fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Otro tanto cabría decir de los depósitos municipales para deficuentes, "que no tendríamos porque tenerlos y que sólo en una mínima parte son financiados por la Administración central", 'añaden estas fuentes. "Ya no es sólo el dinero que nos cuestan y el peligro que suponen para nuestros funcionarios, sino también el que muchos de nuestros policías municipales en vez de estar en la calle vigilando y ayudando a los vecinos se ven obligados a permanecer custodiando estos depósitos de delicuentes".

Por el contrario, señala Rodríguez Bolaños, "todas las administraciones quieren hacer cultura, que cuesta poco dinero en relación con la rentabilidad ciudadana que se obtiene. Y así las comunidades autónomas programas actuaciones muy similares a las de los ayuntamientos". Invaden unas actividades que se desarrollan en el ámbito municipal, añade la FEMP, y se producen duplicidades onerosas en la prestación de unos determinados servicios, mientras se desatiende la atención de otros.

Agresiones

Las agresiones a los ayuntamientos no sólo se producen desde el Gobierno y el Parlamento central, según los alcaldes. Los conflictos con las comunidades autónomas son constantes y crecientes en algunas materias como el urbanismo. En Málaga, por ejemplo, el ayuntamiento aprobó un plan de urbanismo tras 3 o 4 años de consulta y negociación con todos los sectores interesados. Tan laboriosa elaboración no ha servido de nada porque la Junta de Andalucía, según la FEMP, lo ha paralizado e intenta confeccionar por su cuenta y sin que le corresponda un nuevo plan de ordenación para Málaga. Conflictos parecidos han surgido entre el ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía y entre el ayuntamiento de Valencia y el gobierno regional.

El alcalde de Oviedo se ha visto obligado a tramitar un recurso contra el Gobierno de Asturias que de forma ilegal, mediante simple decreto, le ha trasferido al municipio obligaciones económicas importantes en materia de viviendas de protección oficial. Según la FEMP sólo hubiera podido trasferirse estas competencias mediante decreto si su texto hubiese reflejado un acuerdo entre ambas administraciónes, que no ha existido, y se hubiese, trasferido junto con las competencias las