El precio del bipartidismo

TRAS UN prolongado forcejeo, el presidente del Gobierno y el dirigente del partido conservador llegaron a un acuerdo sobre la persona que acompañará a Manuel Marín (diputado socialista por Ciudad Real, negociador en Bruselas y ex-secretario de Estado para las Relaciones con Europa) como comisario español en la Comunidad Económica Europea. En el camino de ese trato se perdieron las candidaturas de los tres nombres inicialmente propuestos por Fraga y rechazados por Felipe González. Abel Matutes, empresario con grandes intereses hoteleros e inmobiliarios en Ibiza, diputado de Alianza Popular p9r Baleares y vicepresidente del partido, ha conseguido en cambio el visto bueno de los socialistas.Los comisarios de la CEE, aunque nombrados por los países miembros, están obligados a ejecutar la política comunitaria y no dependen ni de los gobiernos que los han designado ni menos aún de los partidos que los han propuesto. El Presidente González había renunciado a imitar el ejemplo francés, fórmula que le hubiese permitido designar a dos hombres del gobierno para la CEE, y había anunciado su propósito de confiar uno de los puestos a una persona "que de alguna manera representara alguna sensibilidad distinta de la sensibilidad del Gobierno o del proyecto del gobierno". Esa elogiable actitud -tan alejada de las posiciones sectarias adoptadas por los socialistas en otros asuntos- no implicaba necesariamente, sin embargo, la discutible decisión de circunscribir a los terrenos de caza de Afianza Popular la búsqueda del candidato idóneo. Al repasar las listas de los gobiernos de UCD salta a la vista la abundancia de ministros y altos cargos -desde el ex-presidente Calvo Sotelo y los ex-vicepresidentes Fuentes Quintana, García Díez y Abril Martorell hasta Jaime García Añoveros, Alberto Oliart, Carlos Bustelo, Eduardo Punset o Raimundo Bassols- con capacidad técnica y experiencia administrativa suficientes para ser unos competentes y eficaces ministros de la Comisión Europea. Aunque las rencillas internas del centrismo y las maniobras para acelerar su voladura consiguieran liquidar aquellas siglas, no parece correcto que los socialistas decidan que la única sensibilidad distinta a la suya merecedora de ser convocada para los grandes asuntos de Estado sea precisamente la que encarna la opción más conservadora, por mayoritaria que sea.

Hombre de talante cordial, Abel Matutes, cuyos éxitos al desarrollar los negocios familiares han sido notables, es responsable de la comisión de economía de AP y portavoz parlamentario de su grupo en asuntos de política económica. Ajeno al mundo de la Administración Pública y de las organizaciones internacionales, su actividad como hombre de negocios no le acredita como un empresario especialmente preocupado por las tecnologías de punta o por el descubrimiento de sectores productivos de futuro.

La designación de Matutes se enmarca en el programa diseñado por el Gobierno para repartirse con Afianza Popular los campos de influencia dentro del aparato del Estado y las oportunidades electorales para conservar o alcanzar el poder. El nombramiento oficial de Manuel Fraga como líder de la oposición (pese a las protestas' de los restantes grupos minoritarios en el Congreso), la ley electoral, las negociaciones en tomo a la televisión publica y privada y el acuerdo sobre los comisarios de la CEE han sido signos de esa estrategia de reforzamiento del bipartidismo por la que apuestan tanto los socialistas (convencidos de que Fraga es su mejor seguro para mantenerse en el poder) como los conservadores (temerosos de que la reconstrucción del centro-derecha les despoje de millones de votos). La parte oculta de ese brillante negocio, en el que ganan -o creen que ganan- ambas partes, requiere averiguar quién paga los gastos.