El Gobierno cántabro, acusado de no pagar la seguridad social del personal contratado

El Gobierno regional cántabro no ha pagado desde noviembre de 1984 la cuota de la Seguridad Social del personal laboral contratado. Fuentes oficiales de la Administración del Estado en Cantabria confirmaron el hecho, precisando que no se ha presentado ni la cuota empresarial ni la correspondiente a los trabajadores. En la mañana de ayer el diputado del Partido Regionalista de Cantabria Miguel Ángel Revilla presentó una interpelación solicitando del consejó de gobierno que explique ante la Asamblea regional su actuación.

La deuda contraida por la Diputación regional con la Seguridad Social asciende aproximadamente a más de 500 millones de pesetas, que deberá abonar con un recargo que oscila, según las fuentes consultadas, entre los 60 y 100 millones de pesetas.

Funcionarios de la Diputación regional intentaron a primeras horas de la mañana de ayer depositar en las oficinas de la Tesorería de la Seguridad Social en Santander el importe de la cuota correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del año 1984, así como de enero y febrero del presente año. Los funcionarios de la Seguridad Social se negaron a aceptar el depósito al no abonar la Diputación el recargo correspondiente al citado período.

Ningún miembro del Gobierno regional de Cantabria pudo ser localizado ayer para responder a las acusaciones lanzadas por el diputado regionalista.

"Muy grave"

Fuentes jurídicas consultadas califican de "muy grave" la denuncia de Revilla. En el caso de que sólo se hubiera producido el impago de la cuota empresarial, el Gobierno regional habría cometido un delito social, pero el impago de la cuota descontada a los trabajadores convierte el hecho, de acuerdo con las citadas fuentes, en un delito de apropiación indebida.En fuentes de la Diputación regional se confirmó ayer que hace escasamente una semana se hicieron los pagos correspondientes al período comprendido entre noviembre de 1984 a octubre de 1985 de las cuotas de Muface (mutualidad de los funcionarios de la Administración central) y Munpal (de los de la local), tras recibir un ultimátum. Los trabajadores de la Diputación afectados por la actuación del Gobierno cántabro ascienden a 700.

El impago por parte del Gobierno cántabro de las cuotas de la Seguridad Social se enmarcaría, según fuentes del Gobierno regional, en una política de gestión económica más amplia. El propio Ejecutivo regional reconoció el pasado mes de septiembre tener 3.059 millones de pesetas colocadas a plazo fijo, en pagarés del Estado, a un interés del 12,5%.

El dinero no ingresado en la Tesorería general de la Seguridad Social podría haber sido colocado en cuentas corrientes. Esta política fue condenada por los partidos de oposición, el PRC y el PSOE, que denunciaron el retraso en el pago a constructores, contratistas y proveedores, mientras que fondos de la Diputación se mantenían inactivos en distintas entidades bancarias.