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Las aditorías 'de infarto' entran en los museos

Las denuncias del Tribunal de Cuentas fueron utilizadas por Cultura para reorganizar el Prado y el MEAC

La auditoría ahora conocida fue realizada por iniciativa del Tribunal de Cuentas. El acuerdo para su remisión a las Cortes fue decidido el 29 de octubre. Sin embargo, el pasado mes de enero, el Ministerio de Cultura tuvo conocimiento del contenido de la auditoría a través de un borrador del informe de fiscalización. Con estos datos en la mano, desde la Dirección General de Bellas Artes, que ese mismo mes empezó a ocupar Dionisio Hernández Gil, comenzó la operación para poner orden en la primera pinacoteca del país (el Prado) y en una de ras más criticadas desde su nacimiento (el MEAC). Y como paso previo a todo esto se procedió a disolver, en enero de este año, el Patronato de Museos, creado el 3 de noviembre de 1978. Este organismo, integrado por 15 funcionarios de la Dirección General de Bellas Artes, estaba encargado de controlar la gestión de los 12 museos nacionales más el MEAC y el Prado.El Museo del Prado, la pinacoteca más visitada del país, creado por decisión de José Bonaparte en 1809, abrió sus puertas por primera vez con 1.510 obras, procedentes de las colecciones reales. Actualmente cuenta con un patrimonio de unas 9.000 pinturas y esculturas. La localización y catalogación de todas estas obras, consideradas todas ellas de primer orden, ha sido una tarea nunca acabada y permanentemente reclamada.

Ahora, además de denunciar la permanencia de este desconocimiento sobre el patrimonio, la auditoría saca a la palestra irregularidades administrativas ocurridas en un tiempo muy reciente. En este período, los responsables de la pinacoteca han sido Xavier de Salas Bosch, José Manuel Pita Andrade, Federico Sopeña y, actualmente, Alfonso Pérez Sánchez. Este último es director desde febrero de 1983, pero antes de este nombramiento ocupó la subdirección del centro durante 10 años y era el responsable directo de la conservación de las obras de arte allí depositadas.

Alfonso Pérez Sánchez dijo el viernes al corresponsal de EL PAIS en Oviedo, Mario Bango, que "el informe hace referencia a una época anterior, en la que yo no era director. El patronato desapareció por el tipo de cuestiones que ahora se denuncian en la auditoría. Los problemas son de carácter formal y no hay responsabilidad penal. Se trata de un error meramente administrativo. Todo esto se puede resolver cuando la gestión del museo sea completamente autónoma, y ahora estamos en este proceso. La catalogación de las obras se dará a conocer dentro de un año".

José Manuel Pita Andrade, que estuvo al frente del museo desde marzo de 1978 hasta octubre de 1971, dijo: "Nosotros solicitamos ir poniendo en orden los fondos depositados. Sabía que había una auditoría en marcha y que todo esto es obra del Ministerio de Cultura, porque en mi época no teníamos autonomía y hasta el más pequeño cheque debía pasar por el patronato".

Federico Sopeña reiteró que, al carecer de autonomía, "no manejaban una peseta. Había una gerencia que se ocupaba de todo eso. Respecto al asunto del uso privativo de ciertos funcionarios de documentos y registros a que hace referencia el informe, es una práctica frecuente de los investigadores del museo, porque se reservaban el material para estudios que ellos habían iniciado".

Íñigo Cavero, ministro de Cultura desde el septiembre de 1980 hasta diciembre del siguiente año, aseguró que él no se siente responsable de todos estos problemas y que la falta de inventario venía de atrás.

Ricardo de la Cierva, responsable de Cultura desde enero de 1980 hasta septiembre del mismo año, dijo que le parecía muy positivo el hecho de que se hablara "de la precariedad de los museos a la que hace referencia expresa el informe", si bien reconoció desconocer el contenido de la auditoría. Soledad Becerril, ministra desde diciembre de 1981 hasta diciembre de 1982, prefirió no opinar sobre el asunto, puesto que desconocía la existencia del trabajo del Tribunal de Cuentas.

Preocupación

Las denuncias contenidas en la auditoría han alterado estos últimos días la vida interior del museo y han destapado tensiones más recientes de las denunciadas. Un portavoz del comité de empresa dijo que los trabajadores apoyan la gestión de la actual dirección y que ellos no han participado en los problemas a los que hace referencia la auditoría. Dijo que el tema que más les preocupaba es la partida de 70 millones de pesetas, destinados a realizar mejoras retributivas periódicas del personal del museo, no amparadas por las normas aplicadas en la materia; aseguró que el Ministerio de Cultura tenía conocimiento de la existencia y utilización de estas cantidades.En el cuerpo de conservadores del museo el ambiente era un poco diferente. Matías Díaz Padrón, uno de los tres conservadores jefes del museo, aseguró que no le extrañaba nada la existencia de todas las irregularidades denunciadas y añadió que la situación actual puede ser aún peor "Al contrario de lo que ocurre en los museos más importantes del mundo, como consecuencia de una actitud claramente personalista de la dirección, aquí el cuerpo de conservadores está totalmente marginado. No se cuenta con nosotros a la hora de adoptar cualquier decisión. Con los anteriores directores, y en especial con Pita Andrade y con Sopeña, nuestra opinión como investigadores y expertos que somos, tenía importancia. Ahora nada. Somos hombres de ciencia que hemos sido totalmente arrinconados y ahogados".

La solución

La solución a todo este panorama está ya en marcha, según asegura el director general de Bellas Artes, Dionisio Hernández Gil, quien insiste en decir que "las irregularidades son meramente administrativas. La honradez de los anteriores responsables está clara".El director general asegura que la sustracción al régimen de contabilidad pública era una operación realizada para ganar tiempo a la hora de disponer de los fondos.

Estos fondos, que procedían de la venta de entradas y de publicaciones, deberían haber sido declarados al Tesoro, pero en lugar de esto, se abrían cajas B, de las que tenía perfecto conocimiento el Patronato de Museos y, por tanto, la Dirección General de Bellas Artes, de la de que dependía.

Hemández Gil asegura que la entrada en vigor, a partir del próximo mes de enero, del estatuto de autonomía para el Prado y la dotación de un presupuesto de 1.500 millones, así como la publicación en el plazo de un año del catálogo de las obras que integran el patrimonio del museo y el control de venta de publicaciones, pueden ser garantías suficientes para que la primera pinacoteca del país empiece a andar por un camino claro.

En el Museo Español de Arte Contemporáneo el resultado de la auditoría ha sido recibido con más tranquilidad que en el Prado. Aunque no pudieron ser localizados los anteriores directores (Joaquín de la Puente se encontraba enfermo y Álvaro Martínez Novillo estaba de viaje), el actual director Aurelio Torrente, afirmó que la situación creada anteriormente, incluida la más reciente, está prácticamente superada. Y como prueba permitió, por primera vez en la historia del museo, que un fotógrafo de este periódico visitase los almacenes en los que durante los últimos años han estado guardado los fondos del museo. El orden actual contrasta con el amontonamiento anterior, que supuso el deterioro de numerosas piezas, entre ellas decenas de esculturas de Museo de Reproducciones, que se encontraban allí almacenadas.

Aurelio Torrente aseguró que el único problema grave que el museo sufre en estos momentos es el de seguridad. "La policía dejó de vigilar el edificio en octubre y, aunque hemos contratado vigilantes de una empresa privada, necesitaríamos más personal. Actualmente, 18 empleados del museo se encargan de la vigilancia, pero necesitamos un mínimo de seis persona más".

"En cuanto a funcionamiento, contamos con un organigrama nuevo, que ha demostrado ser eficaz. La ampliación del número de restauradores, así como de los conservadores, y el diseño de los nuevos departamentos son medidas que pueden hacer que el pasado se olvide y que esto empiece a funcionar bien".

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