Morir en Bogotá

UN SENTIMIENTO de luto y dolor embarga en estos momentos al pueblo colombiano y a todos los amigos de Colombia en el mundo. Los acontecimientos que se han sucedido en los últimos días en el corazón de Bogotá, desde el asalto por el Movimiento Diecinueve de Abril (M-19) del Palacio de Justicia, constituye indiscutiblemente una tragedia nacional cuyas consecuencias tardarán mucho tiempo en borrarse. El número de muertos alcanza una cifra próxima al centenar, muchos de ellos carbonizados; entre ellos, el presidente del Tribunal Supremo, Alfonso Reyes, y otros magistrados, personalidades que se han distinguido, tanto en su labor docente como en su actividad jurídica, por su apoyo activo a la causa del diálogo y de la reconciliación nacional para sacar a Colombia del largo camino de sangre que ha recorrido en las últimas décadas. Entre los cadáveres están varios comandantes del M-19 y muchos de sus combatientes, responsables del asalto al Palacio de Justicia y del secuestro de los magistrados.Lo ocurrido desde el momento en que, el miércoles pasado, se inicia el asalto al Palacio de Justicia ofrece aún zonas oscuras. La misma versión oficial de los hechos está lejos de disipar todas las dudas e incógnitas. El M-19 es un movimiento guerrillero conocido desde hace ya bastantes años; clasificarle simplemente como un grupo de asesinos sería una deformación burda. Se desprendió de la Alianza Nacional Popular, del general Rojas Pinillas, con una ideología no marxista, sino basada en un nacionalismo radical, y con Simón Bolívar como bandera. Se ha especializado en operaciones de gran espectacularidad. Es posible que haya pretendido repetir en 1985 una operación semejante a la ocupación en 1980 de la Embajada de la República Dominicana, con la que obtuvo entonces un protagonismo propagandístico indudable. Pero la ocupación del Palacio de Justicia era un desafío directo al poder. Realizar un acto de ese carácter para pedir publicidad en la Prensa y la radio -tales fueron las exigencias presentadas- demuestra un grado de irresponsabilidad, quizá de desesperación, que desborda todo lo imaginable.

Sobre la reacción del Gobierno cuando tuvo que enfrentarse con la ocupación por el M-19 de la sede de los órganos judiciales de más alta jerarquía, los datos existentes hoy son aún insuficientes para tener una opinión fundada. Se sabe que hubo un Consejo de Ministros que se prolongó durante casi 12 horas, lo que no parece indicar una reacción unánime ni un acuerdo fácil. Es aconsejable cierta cautela, precisamente cuando el presidente Belisario Betancur reitera con tanta insistencia que partieron de él todas las órdenes para el asalto, que luego se convirtió en una verdadera carnicería. En todo caso, es evidente que eI.desenlace no corresponde en absoluto a lo que ha sido el esfuerzo persistente del presidente Betancur de iniciar negociaciones, primero, y de firmar, después, treguas y acuerdos con diversos grupos guerrilleros, garantizando a éstos que conservasen sus armas, para abrir un nuevo camino político que debía desembocar en una incorporación plena, en un ambiente de paz y concordia, de todos los sectores de la población colombiana a una democracia efectiva. El desenlace ha correspondido mucho más a la actitud persistente de los sectores ultras de las fuerzas armadas, que de un modo tenaz se han opuesto a los esfuerzos negociadores de Betancur y siempre han considerado que la única solución era la liquidación fisica, por la violencia de las armas, de los grupos guerrilleros. Como operación de rastrilleo califican muchos en Colombia lo ocurrido en el Palacio de Justicia: han muerto magistrados partidarios de la reconciliación, han muerto jefes guerrilleros que habían negociado.

Es inevitable situar los hechos de los últimos días en un marco histórico, y para ello recordar ciertos antecedentes. Las guerrillas son un fenómeno endémico en la vida de Colombia (se calcula que en los últimos 20 años las luchas políticas han causado unos 70.000 muertos; es una cifra aterradora, pero significativa). Colombia ha conocido una fachada de elecciones y órganos democráticos, pero minados por la corrupción y el caciquismo, y sobre todo una tendencia a dirimir los enfrentamientos políticos por el camino de la violencia. Cuando en 1982 Belisario Betancur anuncia su disposición a negociar para poner fin a las luchas armadas, se trata de una iniciativa histórica. Con audacia, ya en octubre de 1983 se entrevista en Madrid con dos jefes del M-19; en abril de 1984 se firma la tregua con las FARC -guerrillas liga das al partido comunista-, y en agosto, en Corinto, el acuerdo con el M-19. En aquellos días, la esperanza de paz despertó el entusiasmo, las calles de las ciudades colombianas se llenaron de flores; hoy Colombia está de luto.