La Constitución y la autonomía catalana

JORDI PUJOL declaró recientemente en Madrid que "a Cataluña se le está quedando peligrosamente estrecha la autonomía", al tiempo que exponía algunas objeciones frontales a la aplicación que se está realizando del Título VIII de la Constitución. El presidente de la Generalitat aprovechó una cena coloquio de la Federación de Casas Regionales y Provinciales para explicar el desconcierto de Cataluña ante lo que considera un incumplimiento del pacto autonómico con que se planteó -y fue posible- nuestro proceso democrático.El mensaje no puede deslindarse de las graves dificultades financieras en que se halla inmersa la Generalitat, que afectan de modo especial a los servicios del sector sanitario. Pero no responde únicamente a esa circunstancia, que podría ser más o menos coyuntural. El palpable desacuerdo entre las Administraciones central y autonómica -que se adereza con un cruce regular de recursos de anticonstitucionalidad- a propósito de la frontera de las respectivas competencias va acompañado de algo mucho más importante y significativo: un sentimiento de agravio por parte de amplias capas de la ciudadanía de Cataluña, independientemente de que Pujol exageré la cuota del problema que corresponde al Gobierno socialista. No se trata del recelo secular contra el viejo Estado centralista, sino de una nueva desconfianza contra la eficacia del modelo instaurado tras la muerte de Franco. Aunque Jordi Pujol no consiguiera hacer desaparecer -en un debate especial del Parlament- las dudas existentes sobre la eficacia de la gestión económica de su Gabinete (tal y como ha subrayado el ministro Lluch la satisfacción de las reclamaciones económicas de la Sanidad catalana ni siquiera alcanzaría para cubrir una cuarta parte del déficit), los socialistas tampoco han podido refutar las cifras que demuestran que los recortes de los recursos destinados a Cataluña van más allá de una distribución armónica, entre todo el territorio español, de la necesaria austeridad.

Hay que recordar, sin embargo, que el nacionalismo catalán, encamado en gran parte por el partido y la persona de Pujol, tuvo un papel tan fundamental en la redacción del Estatuto de Sau y de ese mismo Título VIII de la Constitución como el de sus actuales adversarios socialistas. Entonces ni los unos ni los otros consiguieron evitar la imprecisión de la Carta Magna autonómica de Cataluña. Por el contrario, los acuerdos fueron valorados en aquellos tiempos como positivos para todos, y los negociadores catalanes, tanto convergentes como socialistas y comunistas, aceptaron que el Gobierno de UCD introdujera en su esta tuto unas cláusulas financieras que ahora consideran lesivas e indefinidas. Desde entonces tanto los gobernantes de UCD como los del PSOE han venido desarrollando, en nombre del pragmatismo, una política cargada de recelos, cautelas y recortes respecto a las autonomías en general y de Cataluña en particular, que desdice el espíritu con el que se formalizó el pacto democrático del Estado con las nacionalidades históricas. Y esto es así hasta el punto de que, por ejemplo, en una cuestión tan fundamental para Cataluña como es su lengua específica empieza a ser una llamativa constante que las diferencias de criterio ya no pasen por la frontera de las diferentes opciones partidistas, sino que separen en bloque a todos los representantes de mocráticos en el Parlament (socialistas incluidos) del punto de vista del Gobierno central.

Éste es el trasfondo del último recurso presentado por el Consejo de Ministros contra la ley catalana de la Función Pública, consensuada y aprobada por unanimidad en él Parlament, que establecía la obligatoriedad de que los aspirantes a ser funcionarios en Cataluña acreditasen un conocimiento, oral y escrito de la lengua catalana. En esta tensión, la situación de los socialistas catalanes adquiere relieves que bordean la tragedia: los puntos de vista que suscriben en Barcelona son objeto de recurso por parte de quien gobierna con mayoría absoluta en Madrid gracias precisamente -entre otros- a sus votos (el PSC-PSOE fue mayoritario en Cataluña en las legislativas de 1982). Ciertamente, la próxima consulta electoral permitirá conocer, con esta adición de vicisitudes, lo que piensan los ciudadanos de las cuatro provincias del Principado.