El fiscal recurre la sentencia que desestimó la extradición de Ochoa

El fiscal Melitino García Carrero ha recurrido la sentencia de la Audiencia Nacional, que desestimó el pasado 24 de septiembre la petición de extradición norteamericana sobre el ganadero colombiano Jorge Luis Ochoa Vázquez, acusado de tráfico de drogas. La Audiencia Nacional decidió que Jorge Luis Ochoa, de 36 años, sea juzgado en España por tráfico de drogas y que, una vez quede extinguida su responsabilidad ante la justicia española, sea enviado a Colombia para ser juzgado en aquel país.

La sentencia del pasado mes de septiembre consideraba que, "de accederse a la petición formulada por EE UU, el extradito podría correr el riesgo de ver agravada su situación por consideraciones políticas". La defensa de Ochoa planteó entre sus argumentaciones que la Administración americana pretende utilizar a Ochoa como cabeza de turco "para implicar a Nicaragua en el tráfico de cocaína a Estados Unidos".

La petición de extradición norteamericana se basa, entre otras consideraciones, en las declaraciones del ciudadano norteamericano Adler Berriman Seal, condenado en diversas ocasiones por tráfico de estupefacientes. Seal, que redujo su pena a cambio de colaborar con la justicia norteamericana, ha involucrado en sus declaraciones judiciales a Nicaragua y al ejército sandinista en el tráfico internacional de droga.

La Audiencia Nacional consideró en su sentencia "la notoria enemistad" entre el actual Gobierno estadounidense y Nicaragua. Sin embargo, el fiscal García Carrero señala en su recurso que "el hecho de las malas relaciones entre Gobiernos en modo alguno puede introducir la nota de sospecha en la actuación de los órganos judiciales de los respectivos países, si existe una estructura institucional de Estado de derecho y un poder Judicial independiente que garanticen la objetividad de enjuiciamiento de un encausado".

Guerra 'de facto'

Por su parte, la defensa de Ochoa, dirigida por el abogado Enrique Gimbernat, considera en sus impuganaciones al recurso del fiscal que, "si dos Estados están en una situación de guerra de facto y uno de ellos trata de estigmatizar al otro (y, con ello, de infligirle una derrota moral), acusando al Gobierno y al ejército enemigos de ser unos vulgares delincuentes comunes, entonces es obvio que no se puede descartar la existencia del riesgo" para el procesado en el contexto de las referidas consideraciones políticas.Por otra parte, fuentes de la defensa calificaron de "intoxicación" la alerta dada por la Interpol a las autoridades penitenciarias españolas sobre una espectacular fuga que se estaba preparando para evadir del penal de El Puerto de Santa María I al procesado colombiano.