La oposición cordobesa acusa a Anguita de saber que hallaría ruinas al iniciar el aparcamiento

El alcalde de Córdoba, Julio Anguita, conocía mediante una carta oficial dirigida a él el 23 de marzo de 1984 -tres meses antes del inicio de las obras- por la directora del Museo Arqueológico Provincial, Ana María Vicent, que en el suelo de la céntrica avenida del Gran Capitán, donde se proyectó el frustrado aparcamiento subterráneo, los técnicos suponían que se hallaban restos arqueológicos. Esta advertencia, recordada por Ana María Vicent en un medio de comunicación cordobés el 28 de febrero pasado, fue utilizada por la oposición municipal como una de las conclusiones fundamentales en el pleno extraordinario celebrado en la noche del lunes.

La sesión dejó abierta y reavivada la polémica política y ciudadana, sin aclarar la cantidad que el Ayuntamiento (o la Junta de Andalucía, según intenciones municipales) deberá abonar a la empresa constructora catalana Saba, adjudicataria del proyecto, en concepto de indemnización por la suspensión definitiva del mismo tras el hallazgo del yacimiento arqueológico, de restos tardorromanos y árabes, que ahora se encuentra enterrado de nuevo bajo la arena y el albero de un bulevar.

"Tremendo error político"

Socialistas y populares descargaron todas las responsabilidades de "este tremendo error político" -como lo calificaría el portavoz del PSOE, Miguel Zamora- sobre el gobierno municipal, ole exclusiva composición comunista. Entre 40 y 100 millones de pesetas, según los extremos calculados por ambas partes, oscila la cifra de dicha indemitización, que el Ayuntamiento o la Junta de Andalucía deberán abonar, ya sea tras un acuerdo mutuo, hasta ahora no alcanzado, o por imposición de una sentencia judicial.Tras la paralización definitiva de las obras en diciembre de 1984, por acuerdo del Gobierno autonómico y en atención al informe del Consejo Andaluz de Arqueología, el equipo municipal comunista, en una sorpresiva decisión hecha pública en julio pasado y denominada por ellos mismos operación Walkiria, cerraron el socavón de 7.000 metros cuadrados abierto en pleno centro de la ciudad y enterraron bajo arena los restos arqueológicos descubiertos. Se alegó entonces la provisionalidad de esta medida hasta que la Junta decidiese iniciar el proyecto de embovedamiento del yacimiento o la realización de excavaciones de importancia.

Tapar el agujero

La consecuencia sacada por la oposición, en el pleno del lunes, se resume en que esta decisión, de tan alto coste económico y social para Córdoba, es responsabilidad exclusiva del equipo comunista, que conocía todos los detalles de la tramitación del proyecto, a pesar de que la adjudicación del mismo se decidió por unanimidad en un pleno celebrado en junio de 1983.Tanto el Grupo Popular como el Socialista esgrimen como argumento autoexculpatorio de su voto el desconocimiento de los detalles de dicha tramitación, entre los que destacaron la citada carta de la directora del Museo Arqueológico y la respuesta fácil dada a las 300 alegaciones presentadas por los vecinos de la zona meses antes del inicio de las obras.