Un cuestionario de los viejos tiempos

UN CUESTIONARIO preparado por el Ministerio de Defensa y entregado por varias empresas del Instituto Nacional de Industria (INI) a sus empleados ha sembrado la inquietud entre las personas invitadas a rellenarlo. Y con razón. El formulario MSI-02 contiene una batería de preguntas que invade el ámbito constitucional de derechos, garantías y libertades individuales reconocidos a todos los ciudadanos. El Gobierno ha justificado la redacción y distribución del cuestionario con la mención a un impreciso artículo de la ley de Secretos Oficiales (que limita el conocimiento de las materias clasificadas "a las personas debidamente facultadas para ello") y con el argumento de que los trabajadores pueden negarse a contestar a sus preguntas.En ese clima de temor a las redes de agentes extranjeros infiltrados en las empresas del INI nadie parece demasiado preocupado por aclarar cuáles serían las consecuencias laborales para un trabajador que se tomase al pie de la letra el carácter voluntario de la respuesta al cuestionario y ejerciera esa teórica libertad para negarse a rellenar el formulario. El Gobierno tampoco se considera obligado a dar más explicaciones.

El formulario MS1-02 es, en verdad, casi una caricatura de la sed de información del Gran Hermano creado por Orwell. Los españoles quedan sometidos a un severo escrutinio sobre sus orígenes familiares y geográficos. Si la cartilla militar de los empleados suscita el interés de los encuestadores, la curiosidad del Ministerio de Defensa exige a los trabajadores que relacionen cronológicamente todos sus antiguos lugares de residencia (y el tiempo de permanencia en los mismos), enumeren todas las organizaciones u asociaciones con las que han mantenido relación (con mención expresa de las fechas de inicio y conclusión de sus contactos), detallen todos sus viajes al extranjero (incluidas las ciudades visitadas y las fechas de entrada y salida de España), reconstruyan su expediente profesional (con referencia a los empleos ocupados) y dejen constancia de las eventuales condenas civiles o militares que les hayan sido impuestas (con detalle de la causa, fecha, delito y pena correspondientes). Esa voracidad informativa se extiende al nombre y apellidos, lugar de nacimiento, domicilio y ciudadanía de los parientes de primer grado.

El Ministerio de Defensa no se fia ni un pelo de la sinceridad o de la veracidad de las respuestas solicitadas a los trabajadores de las empresas del INI. En consecuencia, y tras requerirles para que confiesen si las Fuerzas Armadas en alguna ocasión les han concedido, suspendido, denegado o anulado alguna garantía de seguridad, se les exige el nombre de cinco personas -ninguna de las cuales pueden ser parientes, antiguos jefes o personas residentes en el extranjero- como fuente de referencias. Un auténtico paseo por el túnel del tiempo hacia la época en que los certificados de párrocos, jerarcas del Movimiento o notables locales constituían un requisito indispensable para encontrar trabajo o para conservarlo.

Varias asociaciones ciudadanas se han planteado ya la dudosa legalidad de este cuestionario propuesto por el ministro Serra. La legislación sobre secretos oficiales, aprobada antes de la promulgación de la Constitución no puede servir de coartada al Gobierno para aplicar medidas administrativas que no sólo amplían irregularmente la esfera de poderes de las Fuerzas Armadas, sino que, además, lesionan derechos básicos de los ciudadanos. Y a lo que parece, el Defensor del Pueblo, sin embargo, parece dispuesto a quitarse de enmedio, al igual que sucedió con la ley antiterrorista.