Patronal y sindicatos pedirán la modificación de las últimas órdenes sobre subvenciones

La patronal de enseñanza privada y los sindicatos del sector acordaron el pasado viernes pedir a las autoridades de Educación y Ciencia la modificación parcial de las órdenes por las que se regulan los módulos de subvenciones para 1985.El cambio que propone la patronal, y que los sindicatos aceptan en principio, consistiría en trasvasar al capítulo de gastos de funcionamiento las cantidades correspondientes al 5,5% de incremento de la partida para trienios, que sólo crecerían en un 2%.

Las órdenes ministeriales sobre subvenciones se publicaron en el Boletín Oficial del Estado del pasado 27 de abril, y en ellas se establecía un incremento del 7,5% para todas las partidas: salarios, antigüedad y gastos de funcionamiento. Desde entonces, la patronal -que hasta ese momento se había venido negando a negociar la revisión del convenio, pretextando que no conocía los nuevos módulos- ha sostenido que no podía incrementar los salarios del personal no docente en esa misma cuantía. Los empresarios argumentan que las cantidades destinadas a gastos de funcionamiento son insuficientes para atender a los salarios de los trabajadores de administración y servicios de sus colegios.

Por esta razón, los patronos propusieron detraer una parte del incremento de la partida de trienios para aumentar así la de gastos de funcionamiento, aunque con la condición indispensable de que el ministerio aceptase modificar las órdenes en tal sentido.

Antes del verano, los sindicatos mayoritarios del sector privado aceptaban lo fundamental de esta propuesta, pero no querían firmar un acuerdo condicionado; a cambio, proponían trasladar la mesa de negociaciones del convenio al ministerio y, en una reunión a tres bandas, apoyar la propuesta de la patronal ante la Administración. Un intento de reunión de estas características se frustró porque la patronal no se presentó. En aquellos momentos se estaba a la espera de que el Tribunal Constitucional dictase sentencia sobre el recurso previo de incostitucionalidad contra la ley orgánica del Derecho a la Educación (LODE).