Solchaga afirma que la política económica del Gobierno encontrar pocos aliados en los grupos sociales del país

"Estos presupuestos son rigurosos y solidarios", manifestó ayer Carlos Solchaga, ministro de Economía y Hacienda, en el acto de presentación a la Prensa del proyecto, que había sido entregado el día anterior en las Cortes. Sin embargo, admitió que "no pueden encontrar demasiados aliados por parte de los grupos sociales del país". El ministro insistió en que, a pesar de que las críticas contra el proyecto arreciarán a lo largo del debate parlamentario, el Gobierno es consciente de que la línea de austeridad seguida es el mejor camino para la reactivación y que el crecimiento de la actividad privada es ahora más necesario que el aumento de la inversión pública.Los dos objetivos básicos de la política económica reflejada en el proyecto de presupuestos se ciñen a propiciar las condiciones para reactivar la inversión y la creación de empleo, así como la continuidad en la lucha contra la inflación. El ministro explicó que los "innegables avances conseguidos, reconocidos incluso por algunos organismos internacionales, no están consolidados". La mejora obtenida en la competitividad de nuestra economía, con un descenso de cuatro puntos en el coste por unidad de producto, exigen mantener como objetivo prioritario la vigilancia sobre la inflación, porque también los países de la CEE, "nuestros socios", están obteniendo una reducción similar en los precios y "tienen índices menores".

El próximo año va a ser un ejercicio más de ajuste, con la esperanza de que la reactivación del sector privado permita una expansión de la economía. Si no sucede así, dijo, la ventaja será que las empresas contarán con una estructura productiva más consolidada, estarán más preparadas para competir a la hora de iniciar la expansión.

La tentación del gasto

Los márgenes de actuación de la economía española definidos por el ministro son: un menor nivel de inflación; una mayor competitividad, como consecuencia de la moderación salarial y la reducción de costes productivos; el considerable aumento previsto, "por tercer año consecutivo", en el excedente empresarial, y una coyuntura de precios energéticos a la baja con un tipo de cambio de la peseta más favorable.

Este escenario permitirá alcanzar el próximo año un crecimiento del 2,5%, con un aumento de 1,6 puntos en el consumo privado y 0,5 puntos en el público (frente al 2,5% previsto este año). El Gobierno confía asimismo en una fuerte revitalización de las exportaciones, con un incremento del 5% (tres puntos más que este año), aunque, como contrapartida, las importaciones aumentarán en un 4%.

A la hora de definir estos objetivos, el Gobierno "huyó de la tentación", según Solchaga, "de animar la economía" recurriendo al gasto, porque eso sería poner en peligro los signos claros de recuperación experimentados ya este año. Como ejemplos citó el sensible descenso en el ritmo de destrucción de empleo, el crecimiento del 10% en las inversiones de bienes de equipo y la reactivación también mostrada por el sector de la construcción. La alegría presupuestaria provocaría, según Solchaga, una mayor actividad aparente, pero irremediablemente motivaría un rebrote de la inflación y del desempleo.

En la política adoptada, la recuperación del sector privado y la liberación de fondos para su expansión exigía la reducción del déficit público, cuyos costes de financiación "empiezan a ser preocupantes". Las dos soluciones posibles eran mayores ingresos, lo que se traduciría en un incremento de la presión fiscal, o menores gastos, reforzando la austeridad presupuestaria.

El aumento de la presión impositiva fue desechado, pues con la moderación salarial prevista en el Acuerdo Económico y Social daría por resultado una disminución de las rentas reales y, por tanto, la caída del consumo privado. También, según Solchaga, pesaron las consideraciones de justicia fiscal, en el sentido de no aumentar los impuestos a los que ya pagan y fomentar el aumento de la recaudación del Estado por la vía de la inspección y de una mejor gestión fiscal. Por el contrario, las medidas urgentes adoptadas en el pasado mes de abril han tenido como consecuencia una reducción en el tipo del impuesto sobre la renta, lo que se traduce en un descenso de los ingresos del Estado por esta vía de 150.000 millones de pesetas y la corrección de la discriminación en los casos de acumulación de rentas por matrimonio.

La inversión pública

La fuerte caída de la inversión pública el próximo año fue explicada por el ministro como la necesaria reflexión sobre su conveniencia en los momentos actuales. En su razonamiento, toda inversión pública representa para el futuro un crecimiento de los gastos corrientes del Estado. Puso como ejemplos el de la escuela, que una vez construida exige el pago de los salarios de los maestros, o los gastos de funcionamiento de un hospital.

La posición del Gobierno ha sido la de realizar los aportes de mantenimiento de inversiones públicas en marcha, restringiendo al máximo promover otras nuevas, a pesar de los "atractivos electorales" del próximo ejercicio, para evitar proyectar crecimientos de gastos al futuro. El efecto beneficioso de la inversión pública sobre el empleo se puede compensar con el impulso a la actividad privada que puede proporcionar el aumento del consumo de los organismos del Estado.

El próximo ejercicio inaugura una nueva cuenta del Estado, el llamado Presupuesto B, que recoge las cuentas entre España y la CEE como consecuencia del ingreso. También a partir del 1 de enero entrará en vigor el impuesto sobre el valor añadido (IVA), nuevo instrumento fiscal que engloba a la mayor parte de los impuestos sobre el consumo. El Gobierno considera que el margen del saneamiento ya efectuado permite afrontar "con tranquilidad y no sin preocupación" el factor inflacionario del IVA, limitado oficialmente a 1,5 o dos puntos del índice de precios al consumo.