Abogados de políticos franquistas piden que se confirme el procensamiento de los autores del libro 'Todos al suelo'

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid celebró ayer la vista del recurso de apelación contra el procesamiento de los periodistas José Luis Martínez, Ricardo Cid, Rosa López, José Ángel Esteban, Juan van den Hynde, Fernando Jáuregui y Bonifacio de la Cuadra, autores del libro Todos al suelo, primero de los publicados sobre el 23-F. Los cinco abogados de los periodistas negaron la existencia de calumnia en la información recogida en el libro citado sobre la pertenencia de los querellantes al colectivo Almendros, que firmó artículos golpistas en el diario El Alcázar, previamente al 23-F. En cambio los abogados de los políticos franquistas Federico Silva Muñoz, Gonzalo Fernández de la Mora, Jesús Fueyo, Luis Jáudenes y Ángel Palomino pidieron la confirmación del procesamiento.La novedad la aportó Miguel Ángel García Brera, abogado de Palomino y, como él, columnista de El Alcázar, quien dijo reiteradamente que a Palomino, que en su día fue llamado a declarar por la policía por su posible pertenencia a Almendros, "le importa poco que se dijera que perteneció a Almendros". Lo que le importa es que se diga que participó en la preparación del golpe de Estado, manifestó el abogado.

Los abogados de los procesados coincidieron en negar la existencia del delito de calumnia. Francisca Sauquillo recordó que los querellantes son conocidos por su ideología y reprochó al juez instructor que hubiera entresacado frases del libro, aisladas de su contexto, para justificar el procesamiento y que negara la práctica de pruebas encaminadas a demostrar que no existió calumnia.

José Folguera resaltó que la influencia de Almendros en el golpe de Estado llevó a los autores del libro, "corno periodistas y como ciudadanos", a informar sobre los datos disponibles en tomo a la trama civil en el momento de la edición del libro.

"Burla al derecho penal"

Manuel Jiménez de Parga explicó que la calumnia exige la imputación clara y concreta de un delito perseguible de oficio y recordó que contra Almendros no se produjo ninguna actuación judicial.José María Mohedano calificó las actuaciones contra los siete periodistas de "burla al derecho penal, ya que se instrumentaliza a los tribunales de Justicia", dijo, "para un debate político que sirve para escamotear la investigación sobre la trama civil". Recordó que en la página 221 del libro los autores concluían que no había "nada definitivo" sobre la trama civil, y resaltó que los tribunales no exigieron al director de El Alcázar la responsabilidad penal última que le correspondía por la publicación de los artículos de Almendros.

Por último, Pablo Castellano insistió en que los querellantes -dos de ellos ministros franquistas- pretenden utilizar políticamente la Justicia contra unos comentarios irónicos o mordaces sobre sus personas, "olvidando que durante 40 años denunciaron conspiraciones judeomasénicas o decidieron la pena de muerte de ciudadanos defensores de los derechos humanos".