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Los ministros de Finanzas de la CEE reducen 396.000 millones de pesetas los gastos fijados por la Comisión Europea

Andrés Ortega

Los ministros de Presupuesto de la CEE fijaron ayer en Luxemburgo, en primera lectura, los gastos de la Comunidad para 1986, reduciendo en unos 3.000 millones de ECU (396.000 millones de pesetas) el proyecto fijado por la Comisión Europea.

Esta situación viene a agravar el problema -de cara a 1986- de la contribución neta al presupuesto comunitario que deben realizar tanto España como Portugal, problema que los diez se han comprometido a examinar en su próxima reunión del 26 de noviembre.

Reunión maratoniana

El acuerdo se logró a las siete de la mañana de ayer, tras 19 horas ininterrumpidas de debates. Italia, Grecia e Irlanda -los países más pobres- votaron en contra, al considerar que se reducían sobremanera las partidas destinadas a los fondos regional y social. No obstante, el Parlamento Europeo, que ahora tiene que debatir este anteproyecto de presupuesto, podría aumentar estos fondos.

España -representada en la reunión por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, secretario de Estado de Economía y Planificación- y Portugal, que asistieron como observadores, también mostraron su desaprobación ante el acuerdo a diez.

España teme que su posición en 1986 se traduzca en una contribución neta a las arcas de la Comunidad Europea equivalente a 240 millones de ECU (unos 32.000 millones de pesetas), y para compensar esta situación pidió mayores gastos en política agrícola, regional, social y pesquera. Una petición que la CEE ha desatendido por el momento.

España, a raiz del tratado de adhesión, se comprometió a pagar a las arcas de la CEE su contribución total de IVA, además de una parte, gradualmente creciente, de los ingresos por pagos de aranceles agrícolas e industriales a la importación de países terceros. Como las diversas políticas comunitarias, y muy especialmente la agrícola, sólo se irán aplicando gradualmente a España, se acordó que se reembolsaría a España parte de su contribución en IVA (87% en 1986, 70% en 1987, 55% en 1988, 40% en 1989, 25% en 1990 y 5% en 1991).

Oposición española

De hecho, en el acuerdo firmado con la CEE, España consiguió obtener una devolución superior a la que esperaba en los primeros años, lo que equivaldrá a acumular un cierto déficit neto entre lo que pague y lo que reciba en los últimos (al final del período transitorio, España debe recibir un saldo neto de la CEE entre 500 y 1.000 millones de ECU -entre 66.000 y 132.000 millones de pesetas-).

El problema es que estos datos se calcularon sobre una aportación a la CEE del 1% de la recaudación obtenida por el IVA y no del 1,4% que entrará en vigor en 1986, con objeto de ampliar los recursos propios de la CEE. Estos dato, de cualquier forma, son poco solventes, pues buena parte de lo que vaya recibiendo España dependerá de su capacidad y velocidad para asimilar los programas y las políticas de la CEE.

Según la Comisión Europea, España y Portugal pagarán en 1986 a la CEE unos 3.000 millones de ECU, se les devolverá unos 1.800 millones y se les pagará de los fondos comunitarios 1.300 millones, con lo que deberían ser beneficiarios netos en unos 100 millones de ECU (13.200 millones de pesetas). Sin embargo, España contesta ahora estas cifras.

En todo caso, el presupuesto de la CEE se presta a diversas interpretaciones según se tome en cuenta los pagos reales en 1986 (32.000 millones de ECU en el anteproyecto fijado) o los compromisos contraídos (que se pueden pagar luego), lo que arroja una cifra de 34.218 millones de ECU.

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