Un 'etarra' rechaza al tribunal por no tener "capacidad para negociar"

El miembro de ETA Militar Jesús María Zabarte Arregui, responsable de un grupo que operaba en Guipúzcoa, rechazó ayer al tribunal de la Audiencia Nacional que le juzgaba por carecer de "capacidad para negociar". Zabarte, acusado de asesinato y estragos, manifestó que se trataba de un juicio político y que ni él ni el tribunal estaban capacitados para negociar el alto el fuego de ETA.Zabarte está condenado ya a más de 200 años de cárcel, y el fiscal pide para él en esta ocasión 79 años de reclusión. El etarra afirmó ayer ante el tribunal que no iba a contestar al fiscal, porque su jefe, el fiscal general del Estado, a la única conclusión que ha llegado en su Memoria de este año es afirmar que ETA -después de las extradiciones, deportaciones y asesinatos de refugiados en el País Vasco francés a manos de los GAL- es una institución consolidada.

El etarra se preguntó qué quedaba por hacer a los aparatos del Estado y agregó que la organización ETA había ofrecido la alternativa KAS como paso previo al alto el fuego. Dijo que se retiraba de la sala porque ninguno de los presentes en el juicio era competente para adoptar decisiones sobre el problema.

Jesús María Zabarte fue detenido el 15 de junio de 1984 en Hernani (Guipúzcoa) en una acción de la Guardia Civil en la que resultaron muertos dos miembros del comando Donosti de ETA Militar y herido un guardia civil.

En el juicio, Zabarte no hizo ninguna referencia a los hechos de los que está acusado por el fiscal: el asesinato del guardia civil retirado José Jiménez, hecho ocurrido en Behobia (Guipúzcoa) en octubre de 1982, para lo cual previamente robó un taxi a punta de pistola; y el lanzamiento de tres granadas, con un bazooka, contra el cuartel de la Policía Nacional instalado en el antiguo hospital militar, de San Sebastián, atentado en el que resultaron heridos ocho policías, cuatro de ellos graves.

El fiscal hizo referencia a la confesión de Zabarte, que en 38 folios contó las vicisitudes del comando Donosti. El abogado defensor se limitó a pedir la absolución sin hacer alegaciones de tipo jurídico, porque su propio defendido le había pedido que no las hiciera al considerar el caso como un proceso político.