¿Pagaremos más o menos?

Lo MENOSs que se puede decir de la minirreforma fiscal presentada ahora por el Gobierno es que resulta en muchos aspectos confusa y que se ha presentado de forma desordenada y oscura a los ciudadanos. Al explicar la reforma, del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), el ministro de Economía y Hacienda ha señalado que éste, tal como estaba, no ha sido del todo eficaz desde el punto de vista recaudatorio y que su estructura interna tampoco ha sido equitativa. Aunque la reforma de 1977 significara un avance y una modernización respecto a la ruina del sistema impositivo del anterior régimen, era preciso eliminar muchos de esos paraísos fiscales (rendijas legales) que habían permitido a un sector de las rentas altas minimizar sus contribuciones al Tesoro. El ministro reiteró que la reducción de las retenciones efectuada en abril, y consolidada ahora con la modificación de tarifas en los tramos bajos de los contribuyentes, le costaría al fisco 150.000 millones, que se compensarían mediante una mayor austeridad en el gasto. Existen, sin embargo, algunos motivos para dudar de que efectivamente los que pagaban a Hacienda -no los, que declaraban- vayan a ver en su conjunto o en su mayoría reducida su aportación al Tesoro.La reforma del IRPF ha sido bastante profunda. No sólo ha sido modificada la tarifa para ajustarla a la tabla de reducciones establecida en abril, sino que se quieren corregir algunos aspectos estructurales del impuesto. En este terreno es criticable el nuevo tratamiento dado a los matrimonios en que los dos cónyuges obtienen rentas: los declarantes deberán aplicar una fórmula polinómica de difícil explicación, casi ininteligible para cualquier ciudadano normal. No ha habido una clarificación técnica del impuesto y, pese a que se ha atenuado la diférencia respecto a las parejas que conviven sin legalizar su unión, el agravio comparativo sigue existiendo. En definitiva, las uniones de hecho pagan menos impuestos que los matrimonios por conceptos idénticos, aunque éstos se vean efectivamente beneficiados respecto a la situación anterior.

Las modificaciones en los gastos deducibles hacen prever que algunas rentas medias, a pesar de que hayan bajado las tarifas a aplicar, pueden verse obligadas a pagar más de lo que lo hacían antaño. A cambio se simplificarán las declaraciones y se acabará la eterna polémica entre Hacienda y el contribuyente sobre la correcta definición de esos gastos deducibles. También han sido aprobados nuevos topes: el límite conjunto de la deducción por intereses en la vivienda no. podrá superar las 800.000 pesetas, las disminuciones de patrimonio se compensarán exclusivamente con los incrementos del mismo y el resultado de ello nunca podrá ser negativo: muchas grandes fortunas que escapaban al impuesto mediante las minusvalías en Bolsa se verán obligadas ahora a pagar, pero también muchos inversores medianos.

La experiencia dirá si en su conjunto esas modificaciones perjudican o no a los contribuyentes, aunque es sospechoso que el Gobierno, en plena lucha contra el déficit, pueda lanzar una reforma fiscal destinada finalmente a recaudar menos. Para ello hay que tener en cuenta no sólo lo decidido sobre el IRPF, sino la introducción del impuesto sobre el valor añadido -de más poder recaudatorio incluso que el impuesto sobre la renta- y sus repercusiones sobre el consumidor. No obstante, la declaración de la renta será ahora más sencilla de hacer, y en su conjunto puede apreciarse una intención social en los cambios.

Hay que alabar, pues, el propósito del Gobierno de acometer una reforma fiscal más progresiva. Hay que criticar la confusión con que se produce en algunos de sus aspectos y la indefinición respecto al tiempo y forma en que ha de aplicarse, y respecto a sus verdaderos resultados. El ministro de Economía ha anunciado que el cambio de tarifa y del tratamiento a los matrimonios será aplicado para el año en curso, pero todavía no se ha tomado una decisión sobre la fecha de entrada en vigor del resto de las medidas. Ofende al sentido común y al respeto a los ciudadanos anunciar una reforma de este género sin especificar cuándo ha de llevarse a cabo y el Gobierno necesita algo más que promesas a la hora de la contención del gasto público: la experiencia desdice de continuo los buenos propósitos en ese sentido.

Por lo demás, la reforma fiscal quedará más perfilada con las modificaciones de la estimación objetiva singular y, sobre todo, con el impuesto sobre el valor añadido (IVA), cuyo reglamento está por salir; ambos afectarán esencialmente a los profesionales liberales y pequeños y medianos empresarios. Ya, es un dato preocupante que, tres meses antes de la entrada en vigor obligatoria del IVA (por el ingreso de España en la CEE), los ciudadanos desconozcan todavía su forma de aplicación y las consecuencias para cada sector. Pero más preocupante todavía resulta generar la ilusión indiscriminada de que los españoles pagarán en su conjunto menos impuestos en el futuro próximo. Es discutible.