El fiscal rebaja la petición contra el profesor y los alumnos de Cádiz acusados de escándalo

En la Audiencia Provincial de Cádiz quedó ayer vista para sentencia la causa seguida contra un profesor de Filosofía, Pedro Manuel Barrios, y tres alumnos, José Manuel Rodríguez Viejo, Miguel Ibáñez Ibáñez y José Pérez Ruiz, para quienes el ministerio fiscal solicitó una pena de 10 días de arresto menor y 20.000 pesetas de multa a cada uno por un presunto delito de faltas al orden público por la transcripción, en la revista Al Andalus, del instituto Francisco Pacheco, de Sanlúcar de Barrameda, de las pintadas que alumnos y alumnas habían realizado en los servicios.

El fiscal modificó al inicio de la sesión su primera calificación de los hechos, que estaban considerados como escándalo público por lo que había solicitado siete años de inhabilitación especial para el profesor, cinco meses de prisión mayor y 30.000 pesetas de multa cada uno.Los cuatro procesados se declararon inocentes a la vez que manifestaban que no eran responsables del reportaje aparecido en aquel número de la revista en la primavera de 1982. La idea de transcribir las pintadas fue de un amplio colectivo del instituto y los tres jóvenes y su profesor aseguraron que se habían limitado a recoger algunas frases o a diseñar la portada de aquel ejemplar.

Con los procesados y en favor de la libertad de expresión se han solidarizado partidos políticos, centrales sindicales, el ayuntamiento de San Lúcar de Barrameda y otras asociaciones. El propio alcalde sanluqueño presenció la vista oral con cerca de 500 personas más, que no pudieron ser todas alojadas en la sala.

Coinciden los testigos

Todos los testigos, llamados por la acusación y la defensa, coincidieron en que no se había producido escándalo cuando comprobaron que en aquel número de Al Andalus estaban las frases que ellos mismos habían escrito en los servicios. Señalaron que el objetivo de aquel trabajo era conseguir un bien pedagógico, al buscar con ese método que desapareciera el "vicio de las pintadas" que inundaba al centro.Varios testimonios de padres de alumnos confirmaron que existía un acuerdo tomado en asamblea de su asociación en la que se pedía que no se llevara a cabo procesamiento alguno. En aquella reunión mayoritaria se opusieron a la actitud adoptada por un pequeño grupo de padres que habían tomado la iniciativa de denunciar el caso ante el juzgado. El padre de la única alumna cuyo nombre apareció en las pintadas afirmó que aquel asunto les había parecido una estupidez por parte de quien lo hubiera publicado, pero no quiso darle más importancia.

La defensa consideró que no había quedado probada la responsabilidad directa de los acusados en la elaboración del artículo en cuestión, pero además añadió que no existía delito, porque la presunta ofensa era una apreciación subjetiva del ministerio fiscal, ya que el escándalo no había afectado a la comunidad escolar.

Un grave revuelo era, según la defensa, un tanto improbable si se tiene en cuenta la realidad social de estos jóvenes. Citó a continuación literalmente párrafos con alusiones sexuales fuertes recopiladas de periódicos diarios, anuncios de películas, libros de texto o libros de lectura reglamentados por las autoridades académicas.