Graullera, del bufete de Adolfo Suárez, declara en la querella de los marcadores del Mundial 82
José Luis Graullera, ahogado del bufete del ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez, declaró ayer en el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid en la prueba testifical originada por la querella criminal que presentó hace meses el club de fútbol Alcorcón, de Tercera División, contra Pablo Porta, ex presidente de la Federación Española de Fútbol, por presunta "apropiación indebida de fondos e infidelidad en la custodia de documentos públicos".
Graullera, como integrante del bufete de Suarez, asesoró a la empresa japonesa Mitsubishi, que proporcionó los vídeomarcadores de varios estadios del Mundial 82, que se disputó en España, operación que pudo estar rodeada de alguna presunta irregularidad denunciada en la querella contra Porta.El Alcorcón denunció hace meses ante el juez las presuntas irregularidades que la Intervención General del Estado hizo constar en su informe sobre las cuentas de la federación de 1982, cuando la presidía Porta.
La instalación de vídeomarcadores en los campos del Valencia, Atlético de Madrid, Zaragoza y Athlétic de Bilbao, subvencionada con dinero de la Administración a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), figura entre esas presuntas irregularidades.
También declaró ayer sobre este asunto el secretario general de la federación, Agustín Domínguez, que, por su cargo, firmó documentos sobre los vídeomarcadores. El ex secretario de Estado para el Deporte Jesús Hermida no compareció en el juzgado al excusar su presencia por asistir a la Universiada, que finalizó el pasado miércoles en Kobe (Japón).
El juez tomó también ayer declaración a Jaime López Amor, ex director de deportes del CSD, y a Benito Castañeda, tesorero de la federación en 1982, sobre la empresa Ibermundial, que comercializó el Mundial 82 en España y en la que el organismo federativo contó con la mitad de sus acciones. La actuación de Ibermundial también figura en las presuntas irregularidades que denunció la Intervención General del Estado.
El informe de la Intervención fue enviado por el Gobierno a la Fiscalía General del Reino y al Tribunal de Cuentas por si contenía materia delictiva. El fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón, informó hace un par de meses, en el Congreso, que dicho informe fue archivado. El Tribunal de Cuentas aún no se ha pronunciado.
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