La reforma de la policía

LA DISCUSIÓN parlamentaria permitirá examinar a fondo el proyecto de ley orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, aprobado anteayer por el Consejo de Ministros y enviado al Congreso de los Diputados. La complejidad de la norma, las implicaciones no siempre visibles de su articulado y la capacidad de los desarrollos reglamentarios para alterar el sentido de las leyes obliga a extremar la cautela a la hora de opinar sobre su contenido. En cualquier caso, el proyecto de ley llega con una considerable demora y en un clima de grave deterioro de las relaciones entre el Ministerio del Interior y los sindicatos policiales, que habían incluido como uno de los puntos básicos de sus plataformas reivindicativas ese desarrollo normativo.La sanción disciplinaria aplicada recientemente a Modesto García, ex secretario general de la Unión Sindical de Policías (USP) y hombre de convicciones democráticas, no hizo sino culminar la larga serie de desaciertos de los altos cargos del ministerio en su tratamiento del sindicalismo policial. Esos precedentes explican que la prohibición del derecho de huelga a los miembros del nuevo Cuerpo Nacional de Policía, medida que puede justificarse teóricamente por las misiones encomendadas a las fuerzas de seguridad y por la legislación comparada, provoque reticencias y desconfianzas en el movimiento sindical. El programa electoral del PSOE descartaba de manera explícita el reconocimiento del derecho de huelga a los funcionarios de policía, pero los socialistas se comprometieron a amparar el derecho de sindicación de sus miembros y la participación de sus representantes en los órganos disciplinarios. En países como el Reino Unido, Francia, Italia y la República Federal de Alemania, la prohibición de las huelgas policiales tiene serias contraprestaciones de arbitraje y mediación, que garantizan la defensa de los derechos sindicales. El autoritarismo desplegado hasta ahora por los altos cargos de Interior en sus relaciones con los dirigentes sindicales dan fundamento para dudar de la eficacia, en nuestro caso, de esos mecanismos alternativos al derecho de huelga. En su conferencia, de prensa de ayer, el ministro Barrionuevo explicó que la nueva ley no está hecha para la policía, sino para el conjunto de los ciudadanos, a fin de proporcionarles mejores servicios de seguridad y de garantizarles los derechos y libertades constitucionales. Aunque los sindicatos policiales tengan razón en parte de sus reivindicaciones y en sus pretensiones de ser oídos por el Ministerio del Interior, es obvio que corresponde al Gobierno la iniciativa legislativa, y a las Cortes, la tarea de enmendar y aprobar las leyes. Pero parece oportuno recordar que el Gobierno confunde demasiadas veces sus propias conveniencias o prejuicios con las necesidades o las opiniones de los ciudadanos. O sea, que las críticas a los peligros de un corporativismo funcionarial de los policías no pueden ser utilizadas como coartadas retóricas para justificar los errores de una gestión o el desacierto de una decisión.

Según decían los socialistas en la campaña de 1982, la infrautilización de la policía, la dispersión de su medios y su desorganización administrativa explican "el escaso rendimiento que se obtiene en relación con el coste de nuestro aparato policial, que alcanza la tasa mayor de Europa (un policía por 240 habitantes)". Las reformas propuestas por el PSOE incluían la racionalización de las estructuras policiales; la especialización de las diferentes policías (reservando la investigación a los de paisano, y la prevención y la presencia en la calle, a los uniformados); el reforzamiento de la dependencia de. la Guardia Civil del Ministerio del Interior y el estudio de su reforma para adecuarla a las realidades sociales; la coordinación de la policía del Estado y de la Guardia Civil con las autonómicas y municipales; nuevos sistemas de selección y formación del personal; el amparo del derecho de sindicación; la potenciación de las policías municipales y locales.

Hasta ahora, nada o casi nada se ha realizado; o, mejor dicho, se ha retrocedido en el camino recorrido por Rodolfo Martín Villa y Juan José Rosón, excepción hecha de algunos pasos en dirección a la paulatina integración de dos de los cuerpos de seguridad del Estado (el Cuerpo Superior de Policía y la Policía Nacional) y a la creación de una policía civil unificada y desmilitarizada. Aunque la amenaza de las bandas armadas ha e i ido del Gobierno una concentración de esfuerzos en la estrategia antiterrorista, un Ministerio del Interior competente y eficaz hubiera debido tener capacidad suficiente para ocuparse, a la vez, de varios objetivos -entre otras cosas, porque es imposible una lucha antiterrorista eficaz sin una política policial adecuada-, a menos que sus responsables pretendan emular la leyenda de aquel presidente norteamericano de quien se decía que era incapaz de andar y de mascar chicle al mismo tiempo.

El balance no puede ser más pobre: no sólo continúan oyéndose denuncias sobre la continuidad de la tortura, sino que, además, la política de los socialistas no ha logrado disminuir las manifestaciones de inseguridad ciudadana, aunque haya logrado algunos éxitos en la lucha antiterrorista. Por lo demás, la apuesta. de Felipe González en favor de la Guardia Civil rebasa las fronteras de la prudencia para entrar en el campo de una especie de incondicionalidad, tal y como parece traslucirse de su definición como "instituto armado de naturaleza militar". Confiemos que la anunciada ley orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y su desarrollo reglamentario permitan recuperar el tiempo perdido durante los tres primeros años de legislatura. Para que los socialistas puedan comparecer ante las urnas sin que pueda acusárseles, no ya de no haber realizado el cambio en la administración policiaca -cosa que a estas alturas ni los más optimistas esperan-, sino de haber deteriorado incluso la situación heredada de UCD.