Acción judicial contra dos Ayuntamientos por su apoyo a la huelga general del 20 de junio

El Partido Comunista de Andalucía (PCA) hizo pública ayer una protesta por el inicio de diligencias previas contra los Ayuntamientos de Mairena del Aljarafe y Carrión de los Céspedes (Sevilla) por presunto delito de sedición, al haber apoyado expresamente la huelga general del pasado 20 de junio, convocada por Comisiones Obreras y otros sindicatos contra la ley de pensiones.

Según fuentes del PCA, el fiscal ha solicitado el procesamiento de un total de seis alcaldes comunistas de la provincia de Sevilla, a instancias del gobernador civil, Alfonso Garrido, y de algunos vecinos de estos pueblos que a título personal denunciaron el comportamiento de sus alcaldes ante la huelga general.Según un comunicado del PCA, en el escrito enviado por el magistrado-juez número 11 de Sevilla al Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe se recaba información sobre el acta en la que el pleno municipal acordó apoyar la huelga del día 20 de junio y se solicita acreditación del personal del Ayuntamiento que no trabajó ese día, "con expresión de nombres, cargos y domicilios".

"La actuación judicial", añade la nota, "se lleva a cabo a instancias de las autoridades gubernativas, que están demostrando un comportamiento represivo e intimidador con respecto a los entes locales y los funcionarios públicos". El PCA responsabiliza de estas actuaciones al delegado del Gobierno en Andalucía, Leocadio Marín, "quien parece olvidar el derecho de huelga y la legalidad de la del 20 de junio". El secretario del PCA en Sevilla, Javier Aristu, analizará los requerimientos cursados, ante el temor de que se extienda a otros ayuntamientos de la provincia con mayoría comunista.

Concejal golpeado

José Joaquín Puig, concejal del Grupo Popular del Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla), denunció el pasado viernes en comisaría haber sufrido malos tratos cuando Joaquín Ortega, secretario de organización de la UGT de esa población, le agredió provocándole diversos hematomas. Ortega desmintió los hechos y un sargento de la Policía Municipal que se hallaba presente cuando éstos transcurrieron dijo que Ortega sólo le cogió del brazo y no le golpeó.

Según los aliancistas, todo comenzó cuando varios jóvenes denunciaron ante el Grupo Popular supuestas irregularidades en las pruebas de las oposiciones para 10 plazas de la Policía Municipal. Desde entonces, en varias ocasiones, José Joaquín Puig había pedido audiencia al alcalde, Francisco Toscano, y había solicitado el expediente de los exámenes. Ambas peticiones siempre le fueron negadas. Según la alcaldía de Dos Hermanas, esto se debe a que el concejal aliancista había insultado en varias ocasiones al alcalde, "por eso no está dispuesto a recibirle; no obstante, el expediente de las pruebas para la Policía Municipal lo puede consultar quien quiera en el despacho del secretario del Ayuntamiento, sin que nadie tenga por qué llevárselo de allí hasta que se resuelva la impugnación de los exámenes".

Según un escrito del alcalde, "la Alcaldía, ante las declaraciones insultantes del señor Puig, se había limitado a contestar que no las valoraba por venir de una persona que hacía de la política un insulto permanente". Por su parte, Alianza Popular, que reunió su comisión permanente provincial, informó que ha cursado las oportunas instrucciones a sus servicios jurídicos para que asuman la defensa y representación tanto del concejal Puig como de los opositores a las plazas de Policía Municipal que así lo han solicitado, "por cuanto se encuentran en una situación de indefensión tanto administrativa como económica".