El presidente de Perú rescinde los contratos de las multinacionales del petróleo
El presidente peruano, Alan García Pérez, ha asestado un duro golpe a las multinacionales del petróleo que operan en Perú, al anunciar la inmediata rescisión de los contratos por los que dichas empresas operaban en el país. Las multinacionales norteamericanas Occidental Petroleum y Belco Petroleum y el consorcio norteamericano-argentino Oxi-Occidental-Bridas disponen de 90 días para renegociar los términos de un nuevo contrato para seguir en el país.
Equipos técnicos de Petroperú -el ente petrolero estatal- llegaron ayer a las instalaciones de las tres empresas extranjeras. Su objetivo es la "directa supervisión y fiscalización de sus operaciones durante el plazo de 90 días que señalara el presidente para negociar nuevos contratos", acordes con una nueva política petrolera.Si en el plazo indicado no se firman nuevos convenios, la supervisión y fiscalización se transformará en explotación directa a cargo de Petroperú. El Gobierno ya ha previsto, pues, la posibilidad de una nacionalización de tipo clásico.
Este control inmediato es la primera medida operativa tras la espectacular decisión presidencial de rescindir, administrativamente, los contratos con las tres firmas petroleras. Materializado en un decreto, la decisión se comunicó al país en una celebración patriótica. Con ello se quería enfatizar el carácter nacionalista de la nueva política petrolera.
Algo se había adelantado el martes, cuando Luis Alva Castro, primer ministro y ministro de Economía, planteó que se derogaría una ley dada durante la pasada Administración, que otorgaba beneficios tributarios a las empresas petroleras. También dijo que se revisarían los contratos vigentes, y acusó a Petroperú de "descuido en su manejo y en el cumplimiento de sus objetivos". Pero, en todo caso, nada hacía presumir una medida tan drástica y rápida,, que el presidente de la República adoptaría 24 horas después.
Deplorable experiencia
En la base de la rescisión está, según el Gobierno, el deplorable resultado de la ley anteriormente mencionada, que se conoce por el apellido de su propulsor: el ministro de Energía y Minas del pasado Gobierno, Pedro Pablo Kuczynski, hoy alto ejecutivo de una empresa norteamericana. Dicha ley establecía beneficios tributarios vinculados a la inversión en exploración petrolera y fue defendida sobre la base de un eventual agotamiento de las reservas del país.
Según el Gobierno actual, se burló la finalidad de ese ley, ya que sólo un 10% de las inversiones de las tres firmas afectadas se dedicó a la exploración de nuevos pozos, y los beneficios tributarios se dedicaron, masivamente, a la explotación de los yacimientos en operación. Ésto habría dado a la explotación un carácter depredatorio, ya que las reservas probadas del país descendieron, en los últimos tres años, de 854 a 636 millones de barriles. Según Alva Castro, la continuación de esta tendencia convertiría al Perú en país importador de crudo dentro del actual período de Gobierno.
El ex ministro Kuczynski, entrevistado telefónicamente desde Nueva York, ha defendido su gestión, asegurando que si las reservas probadas. han descendido es porque la ley que impulsó no fue suficiente, porque los impuestos seguían siendo excesivamente altos y por "un ambiente político negativo".
Las empresas afectadas, según el nuevo presidente de Petroperú, Alfredo Carranza, se han manifestado dispuestas a renegociar. En cualquier caso, el Gobierno ha hecho saber que su política petrolera pasa por la atracción de nuevos capitales extranjeros, para lo que promulgará nueva legislación.
