El presupuesto de gastos en 1986 se situara entré 6,5 y 6,7 billones de pesetas, según José Borrell
ENVIADO ESPECIAL El presupuesto de gastos del Estado para el año próximo se situará entre 6,5 y 6,7 billones de pesetas, y, pese a la dificultad intrínseca de limitarlo debido a las fuertes presiones sociales, el crédito oficial, las ayudas de regulación a la agricultura y a las empresas públicas serán las principales partidas afectadas por los recortes presupuestarios, dentro del objetivo gubernamental adoptado el pasado miércoles en el Consejo de Ministros de limitar el déficit público total al 4,5% del producto interior bruto (PIB).
"Caiga quien caiga, se alcanzará este objetivo", declaró José Borrell, secretario de Estado de Hacienda, a la salida de un curso sobre el control de gasto público que se desarrolla en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.El secretario de Estado añadió que "el presidente del Gobierno ha puesto toda su autoridad moral para que este presupuesto, el más riguroso y solidario de todos, sea como debe ser".
Borrell anticipó algunos datos concretos de cómo se desarrollará el presupuesto para 1986, y, dentro de su conferencia en la universidad, delineó importantes aspectos de lo que será la filosofía del gasto público en el próximo presupuesto, que quedará completado el próximo lunes, al término de un Consejo de Ministros extraordinario.
El secretario de Estado también anticipó que el Gobierno se encuentra redactando otro presupuesto alternativo, relativo a los ingresos y gastos que supondrá en el año la adhesión española a la Comunidad Económica Europea.
Según Borrell, la filosofía del próximo presupuesto estará basada en el rigor y la solidaridad. Por eso el Gobierno, añadió, "sólo podrá manipular, reduciendo partidas, en dos de cada 10 pesetas que componen el gasto". Según el secretario de Estado, un 50%, de los gastos totales del Estado (incluyendo Seguridad Social y organismos autónomos) es inamovible y está compuesto por lo que él denominó la herencia del pasado (33%), básicamente pensiones y deuda del Estado, transferencias alas comunidades autónomas (7%) y gastos del Estado tradicional (10%), tales como Justicia, Defensa, Prisiones, Asuntos Exteriores, etcétera.
Las partidas de la solidaridad
Otro 30% adicional lo componen las partidas que describió como de solidaridad (9% del total) y producción de bienes sociales y económicos, que el Gobierno, según declaró, no tiene ninguna intención de reducir. Se trata de la asistencia al desempleo, promoción del mismo y promoción educativa, tales como becas y acción social. Asimismo, el dinero empleado en hospitales, servicios asistenciales, enseñanza, vivienda y cultura tampoco se verán afectados, aunque quizá no fue tan explícito al hablar de las partidas de bienes económicos como ferrocarriles, carreteras, aeropuertos, comunicaciones e investigación.
El secretario de Estado de Hacienda especificó que sólo será un 18% del gasto del Estado, concretamente, el que se verá afectado por la política de disciplina y rigor. Se trata del gasto destinado a la regulación económica y que está compuesto por partidas como el crédito oficial y la política financiera, la promoción del ahorro y la administración financiera, el comercio exterior y el dinero que se destina a la regulación del mercado en agricultura, ganadería y pesca e industria y energía.
Sobre los recortes en la regulación agrícola, señaló que ésta era una partida que ascendió en el presupuesto de 1985 a más de 400.000 millones de pesetas, y entendió que existía un margen para reducirlo de manera significativa. "El objetivo será adecuar la producción a los consumos de manera que no existan bienes excedentes", dijo. En industria y energía, cuya partida superó el pasado año los 450.000 millones de pesetas, los repartos están más distribuidos y serán más difícilmente atacables, pero aún así, declaró Borrell, se podrá hacer mucho en el terreno de la empresa pública.
Los intereses de la empresa
Según Borrell, el pasado año las empresas públicas destinaron, 450.000 millones de pesetas al mero pago de intereses de su deuda. Para el secretario de Estado de Hacienda, este capítulo es reducible, de la misma forma que se obtendrán fondos adicionales mediante cambios en la titularidad (ventas de empresas) en el sector público. En este sentido añadió que, aunque esta política es dificil, será posible en algunos sectores como el ocio y la producción de bienes alimentarios.
Un capítulo que permanecerá inalterable y que ya supone un 2% en el total del gasto del Estado serán los fondos destinados a la reconversión industrial. Sólo en 1985, este capítulo, junto a la reindustrialización, supuso un desembolso de 205.000 millones de pesetas.
Por último, el secretario de Estado de Hacienda se mostró partidario de modificar el sistema habitual de presentación del presupuesto del gasto, que divide los financieros y no financieros.
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