La policía española y el terrorismo 'negro'

La metralleta usada en 1976 para matar a un juez italiano era propiedad de la Comisaría de Información

La metralleta Ingram-Marletta con el número de serie 2-2-000981 -intervenida en Roma en febrero de 1977 al fascista italiano Pier Luigi Concutelli y usada para asesinar en julio de 1976, también en Roma, al juez Vittorio Occorsio- figuraba todavía en enero de 1983 en un inventario policial con la relación de armas con que contaba la Comisaría General de Información, según han informado policías que conocen los hechos con detalle. Este extremo fue comunicado al Ministerio del Interior pero, según las mismas fuentes, ni se investigó el problema ni se informó del mismo a la justicia italiana, aun cuando ésta lo solicitó.

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Hasta ahora, y a raíz de diversas declaraciones de jueces italianos se sospechaba que la metralleta había sido vendida a la policía española, pero hasta el momento se desconocía con exactitud si el arma había llegado a estar en posesión de los Cuerpos de Seguridad españoles y de alguna unidad en concreto.Una vez que, tras ganar las elecciones legislativas de octubre de 1982, el PSOE accedió al Gobierno, los nuevos mandos policiales nombrados trataron de conocer los medios con que contaban. En la Brigada de Interior, mandada entonces por Mariano Baniandrés, se descubrió pronto una irregularidad, al comprobar que habían desaparecido de los archivo cerca de 5.000 expedientes confidenciales.

Otra irregularidad fue descubierta en el armamento. Un funcionario realizó un inventario sobre el armamento con que contaba la Comisaría General de Información, que había sido mandada hasta entonces por el comisario Manuel Ballesteros y antes por Roberto Conesa.

En el inventario, con sus correspondientes números de serie de arma, del silenciador -el S 2-2 00527- y de los cargadores, figuraba la mencionada metralleta Ingram M-10, una de las más avanzadas en el mundo de las armas ligeras automáticas. La metralleta había sido fabricada por la empresa Military Armament Corporation, con sede en Atlanta (EE UU) y ex portada a España. Según comunicó la policía italiana a la española en marzo de 1983, la Ingram había sido vendida a la policía madrileña". El permiso de exportación estaba fechado en febrero de 1975 tenía el número 86079.

El jefe era Conesa

Cuando la metralleta llegó a España -a la Comisaría General de Información, dirigida entonces por Conesa-, la mayoría de los puestos policiales clave eran ocupados por militares. El director de la Seguridad del Estado, por ejemplo, era el coronel Víctor Castro San Martín. Todos ellos mantenían estrechas relaciones con los servicios militaresde información.

En aquellos años, estaba destinado en dichos servicios el entonces comandante Andrés Cassinello, nombrado jefe en 1977 del Servicio Central de Documentación (SECED) y hoy jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil. Siendo jefe del SECED, según las fuentes informantes, ya se recibió una primera solicitud de la policía italiana a la española sobre el origen de la metralleta, pero Cassinello respondió que lo desconocía.

Cuando en la Brigada de Interior conocieron la existencia de la metralleta en el inventario, dos inspectores de la misma, Daniel Santos Vallejo -hoy todavía destinado en la unidad y experto en fascistas italianos- y Juan José Medina -hoy procesado por dos supuestos delitos- trabajaron por separado en la investigación, si bien Santos Vallejo lo hizo sólo unos días. A través de la oficina de la Dirección de Personal de la Policía, en abril de 1983 se supo, por escrito de dicha dirección, que la matralleta había sido entregada al SECED, con la autorización del comisario general de Información.

Medina investigó el SECED

Según las fuentes pollciales informantes, Medina, una vez que conoció este dato, inició una investigación sobre los militares que trabajaron con Cassinello en el SECED. Medina disponía de las fotografías -tomadas de sus propios carnés profesionales- de tinos 20 militares del SECED, a los que comenzó a identificar.

La policía italiana envió a la española en marzo o abril de 1983 fotocopias de la agenda intervenida al terrorista Concutelli, en la que figuraban los nombres y teléfonos de personas que habían pertenecido al SECED, como los miembros del Cuerpo Superior de Policía Ramón Lillo -hoy jefe de seguridad de la Audiencia Naciónal- y Carlos Clavero Fernández -relacionado en 1982 con una fuga de información policiala la Capitanía General de Barcelona-, así como el teléfono del entonces comandante del Ejército del Aire Pedro Antonio Clavero Fernández, hermano del policía y hoy destinado, como coronel, en la Escuela del Aire. En la agenda, según los informantes, también había un teléfono del servicio de información de la Guardia Civil.

Puesto que Concutelli había declarado desde su detención que la metralleta le había sido entregada por los servicios de información españoles, Medina tenía previsto ir a Roma para mostrar al terrorista las fotografías de los antiguos hombres del SECED con el objeto de que reconociera a quien le entregó el arma. Antes de que pudiera hacerlo, Medina fue detenido, acusado inicialmente de presunta infidelidad en la custodia de documentos y posteriormente de presunta estafa, en septiembre de 1983 y se encuentra en libertad provisional desde el pasado día 3 a la espera de juicio.

En los registros judiciales realizados en su casa de Hinojosa de Calatrava (Ciudad Real) en septiembre de 1983, fueron intervenidos varios documentos -algunos sobre actividades de partidos políticos-, entre los que figuraban las fotografías de los supuestos miembros del SECED.

Todos los documentos fueron incluidos en el sumario, declarado secreto por los jueces. Junto a las fotografías, existía una relación de los supuestos militares de los servicios de información y, al lado de cada nombre, frases sobre las actividades a las que se dedicaban en el desempeño de su profesión.

A lo largo de las jornadas de ayer y anteayer, tanto en la Secretaría de Rafael Vera, subsecretario del Ministerio del Interior, como en la Oficina de Prensa del mismo departamento, EL PAIS dejó varios mensajes sobre el deseo, por parte del periódico, de difundir la versión de Interior sobre estos hechos, pero ésta no se recibió.

Igualmente, el general Andrés Cassinello se encontraba ayer fuera de Madrid y no pudo ser localizado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 23 de agosto de 1985.

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