Los patrimonios de los sindicatos / 1

Los dos patrimonios sindicales en cuestión son los históricos y el acumulado. La discusión sobre este último ha quedado por el momento zanjada tras su integración sin más al Estado, que lo ha absorbido sin andarse por las ramas. En cuanto a los patrimonios históricos pertenecientes a los sindicatos obreros existentes antes de 1936, UGT y CNT, el Gobierno tiene anunciado hace tiempo un proyecto para fecha no se sabe si próxima, por el que se adjudicaría de alguna forma a los citados sindicatos. El proyecto aludido anunciaba que la suma prevista para entregar a las citadas entidades históricas sería de 1.000 millones de pesetas. Hay que añadir que sólo la CNT, por su parte, ha anunciado de forma reiterada que su patrimonio histórico está calculado en 2.000 millones de pesetas. Hasta ahora, no se sabe que UGT haya hecho una evaluación propia de su respectivo patrimonio. Otro tema que nos proponemos tocar en este trabajo es el proyecto de ley sobre libertad sindical anunciado hace unos días por el Gobierno.El patrimonio histórico

Como se supone, es el que se hallaba en posesión de las centrales con antecedentes históricos antes de 1936. Es sabido que la central más veterana es la UGT, surgida en 1886, tras el nacimiento del PSOE. Ambos son el producto del grupo madrileño de los nueve tras su separación de la Federación Regional Española. La CNT tiene lejanísimos antecedentes en esta federación y mucho más cercanos de nuestro tiempo en la organización Solidaridad Obrera. Nace en septiembre-octubre de 1910; ahora van a cumplirse 75 años. La CNT se adhiere a la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) el año mismo del nacimiento de esta entidad, en 1922, y desde entonces ha permanecido vinculada a la Asociación Internacional. A su manera, cada una por su lado, las dos organizaciones del sindicalismo histórico se van desarrollando hasta julio de 1936, fecha del alzamiento franquista, el cual, al prevalecer en 1939, confisca los bienes de las dos centrales y de los restantes colectivos de la España republicana. Lo confiscando es cuanto los sindicatos han ido creando y acumulando en el curso de su historia.

En el caso de la CNT hay que hacer una consideración complementaria. Esta entidad es la protagonista de la revolución española, hecho de gran significación aludido por todos los historiadores nacionales y extranjeros que se han ocupado de la guerra civil. El proceso de socialización-colectivización impulsado por la CNT en el marco de la España republicana, pero sobre todo en Cataluña, Aragón y País Valenciano, Levante a la sazón, creó formidables riquezas por el desarrollo de industrias nuevas socializadas y de colectividades agrícolas que en toda la. zona superaron el millar y trabajaron sin cesar hasta el final mismo de la contienda. Al sobrevenir éste, ambas organizaciones pasan, por supuesto, a la clandestinidad, algunos de sus militantes emigran, otros muchos mueren en los paredones de ejecución o van a parar a las cárceles por espacio de años. Los edificios y locales que ambos poseen, así como algunas cooperativas, imprentas y editoriales, son confiscados por los vencedores. Pero, además, en el caso de la CNT, como hemos indicado, esta confiscación incluía la riqueza creada por las industrias socializadas y las colectividades agrícolas de nuevo cuño. Fueron a parar a manos de los usurpadores importantes sumas dinerarias acumuladas por las nuevas formas productivas tanto industriales como agrarias. Quizá, y en realidad, esté aún por hacer un balance aproximativo de toda esa riqueza. De cualquier modo, lo evidente es que pasé a disposición del franquismo. La parte más importante de este patrimonio fue a parar directamente a manos del Estado franquista, y otra menor, en la evolución del proceso, a lo que sería el patrimonio sindical verticalista, es decir, la CNS.

Éste empieza por ser el conjunto de los bienes expropiados a los sindicatos de clase, como hemos visto, a los que se fueron añadiendo en el curso de los años otros bienes (locales, Obras del 18 de Julio, acciones, etcétera) que se generaron a partir de 1939 con la cuota obligatoria que se descontaba en nómina a todos los trabajadores.

Este patrimonio suscitaría, ya en los tiempos actuales, diferencias de criterio en lo que a su aplicación se refiere. El sindicato socialista, Comisiones Obreras (CC OO) y otros de menos importancia, como USO, entendieron que esa patrimonialidad debía atribuirse a los sindicatos mayoritarios como tales. El carácter de mayoritario derivaba de la representatividad manifiesta en las elecciones sindicales. Por el contrario, la CNT mantuvo una postura original en este problema. En todos sus congresos de este tiempo la organización anarcosindicalista, aparte de manifestarse contra las elecciones sindicales, sostuvo que el patrimonio sindical acumulado era, inalienable y pertenecía al conjunto de los trabajadores que con sus cotizaciones lo habían hecho posible prácticamente desde 1939. Por lo que, infería esta central, el conjunto del patrimonio debía utilizarse en la creación de fundaciones o instituciones de todo tipo al servicio de la clase trabajadora española: centros culturales, técnicos, recreativos, administrados por los propios trabajadores. Éste sigue siendo todavía el punto de vista de la confederación. Pero la práctica varió de forma considerable de los planteamientos de esta organización.

En los momentos posteriores a la transición, el Gobierno de UCD había concedido ya locales gratuitos a casi todos los sindicatos, obreros y patronales, con excepción de la CNT. Posteriormente llegarían las asignaciones económicas. En 1983 el Gobierno repartió 800 millones entre UGT, CC OO y USO, y desde entonces estas entidades han seguido recibiendo fondos de los presupuestos generales del Estado. Ello les ha permitido mantener locales que rayan en el lujo y en la eficacia técnica, empezando por la gratuidad, así como una burocracia considerable, por supuesto profesionalizada. La CNT fue la única entidad que siguió pagándose sus locales, a pesar, recordémoslo, de que una parte de su patrimonio histórico había ido a parar a lo que, tras la guerra civil, sería la central franquista. Esto llevó, asimismo, a que en 1983 la CNT recurriese al Tribunal Supremo y al Defensor del Pueblo. Al año siguiente éste estableció la ilegalidad de la distribución de los 800 millones y, por ende, su carácter anticonstitucional. Esta posición sería posteriormente ratificada por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo. Pero los organismos oficiales habían alegado como argumento la representatividad derivada de las elecciones sindicales. Este tema constituirá la razón del siguiente trabajo.