El Gobierno, alertado sobre supuestas irregularidades en la Xunta de Galicia que benefician a terceras personas

El Gobierno ha sido alertado por diputados socialistas de la posibilidad de que en la Comunidad Autónoma de Galicia, gobernada por Alianza Popular (AP), se esté produciendo una serie continuada de irregularidades en organismos públicos de la que se están beneficiando terceras personas, y que, según fuentes socialistas, alcanza, en algunos casos, grados de corrupción. Las fuentes consultadas indicaron que el departamento que viene generando más escándalos es la Dirección General de Transportes de la Xunta, a cuyo frente se encuentra un empresario del ramo, Vicente López-Perea.

El consejero de Ordenación del Territorio, Ángel Mario Carreño, preguntado por EL PAÍS, dijo que, pese a las acusaciones socialistas, ratificaba su confianza en López-Perea, sobre el que dijo que se está produciendo "un acoso personal".En opinión de Carreño todas las denuncias socialistas han sido ya respondidas en el Parlamento, por lo que le resulta "sorprendente" que se insista en el tema.

"Si yo observara una irregularidad", dijo, "sería el primero en atajarla".

El hoy director general de Transportes, de 53 años y natural La Coruña, que anteriormente había servido en la Armada hasta alcanzar el empleo de capitán de corbeta, desde su salida de la Marina, en excedencia voluntaria, hasta su acceso a la Xunta, ha comparecido dos veces ante los tribunales.

En una de ellas, para ser condenado por un delito de receptación (compra de objetos robados) en relación con un caso de estafa, y otra por supuestas implicaciones en un ajuste de cuentas, para cuya ejecución se contrataron presuntamente matones profesionales.

La actividad de López-Perea al frente de la Dirección General de Transportes de la Xunta de Galicia, dependiente de la Consejería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas, ha sido denunciada en el Parlamento por la oposición socialista, que alega, tras agotar sus argumentos verbales, "total impotencia" ante los excesos, dada la autonomía que en esta materia posee la Xunta.

Esta impotencia socialista se ve ayudada por la pasividad de algunos medios de comunicación gallegos y por la continua oferta de empleo que desde la Xunta se viene ofreciendo a aquellos informadores que se muestran críticos ante la gobernación de AP muchos de los cuales han acabado en departamentos administrativos de la propia comunidad o en el nuevo canal autonómico de televisión.

A esto, en opinión de los observadores consultados, habría que añadir las fuertes diferencias que mantienen el delegado del Gobierno en Galicia, Domingo García-Sabell, nombrado por un Gobierno de Unión de Centro Democrático (UCD) y mantenido por el PSOE, y algunos gobernadores civiles, como los de La Coruña y Pontevedra, que son los que, esencialmente en el ámbito político, despachan habitualmente con la Administración central y dan cuenta de los excesos de la Xunta.

La oficina en un hotel

El director general López-Perea, ex directivo de la empresa de autobuses Finisterre, con líneas de viajeros en la provincia de La Coruña, tiene su despacho administrativo en la sede de la Consejería de Ordenación del Territorio, que dirige el ex ingeniero de Fenosa Ángel Mario Carreño, de 50 años, natural de Oviedo y con residencia familiar en Madrid. La Consejería de Ordenación del Territorio se encuentra ubicada en un lujoso hotel de Santiago de Compostela llamado Araguaney, cuyo propietario es un palestino de tendencia progresista.El alquiler de estas oficinas, situadas en un primer piso, cuesta mensualmente a la Xunta dos millones de pesetas, según informó el diputado socialista por La Coruña Fernando Martínez, precisamente el hombre que en el Parlamento de Santiago ha sido encargado por su grupo para contestar a la política de transportes de la Xunta. Las oficinas están justamente encima de una moderna discoteca, recientemente inaugurada, y bajo los pisos que utiliza el hospedaje. Curiosamente, el rótulo que anuncia la sede de la consejería aparece junto al indicativo luminoso de la discoteca.

Desde estas oficinas se dirige la política de transportes de la Xunta, que no sólo ha llegado a provocar malestar en la oposición, sino también en el seno de las fuerzas de la seguridad, concretamente a las unidades de la Guardia Civil de Tráfico, ya que la ejecución de las multas referentes al transporte por carretera no se está llevando a cabo, y muchos transportistas infractores suelen dirigirse a los agentes con frases como ésta: "Escriba, escriba, que no la voy a pagar".

Condonar las sanciones

La mayoría de las irregularidades del transporte (no ejecución de sanciones, no aplicación de la ley de inspección y sanción del transporte, protección de la piratería, manipulación de las tarjetas de transporte e inutilización de las básculas de pesaje) ha sido denunciada en solitario por los diputados gallegos Ceferino Díaz, portavoz socialista en el Parlamento gallego, y Fernando Martínez, secretario provincial del PSOE en La Coruña.Según estos diputados, la situación en algunos departamentos de la Xunta es "alarmante", se actúa "de forma mafiosa" y frente a ello existe "total impotencia".

Fernando Martínez manifestó que una de las primeras actuaciones de López-Perea cuando tomó posesión fue "condonar las sanciones de su propia empresa, Autobuses Finisterre", y añadió que en un encuentro con representantes de la Adm inistración central llegó a decir que "es preciso conseguir que en el sector del transporte haya un mínimo de piratería".