Adiós del Gobierno a la política municipal del PSOE

El Gobierno, por boca de su ministro de Economía y Hacienda, ha comunicado esta misma semana a los dirigentes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que las aportaciones del Estado a los municipios el año próximo no crecerán, por primera vez desde que se instauró la democracia, y que los ayuntamientos deberán ajustarse el cinturón presupuestario. La etapa de continuos y crecientes déficit en las corporaciones locales, que periódicamente eran asumidos por el Estado, ha tocado a su fin, pese a que los propios socialistas alentaron esta política de endeudamientos hasta 1982.El PSOE propició el endeudamiento de los ayuntamientos como forma de consolidar un poder local, mayoritariamente en sus manos, en contraposición al poder central de la Administración de UCD y como escaparate de realizaciones y de buena gestión de la izquierda de cara a futuras confrontaciones electorales.

Los ministros socialistas, que ganaron las elecciones con un programa electoral en el que se propugnaba elevar al 12% la participación de las corporaciones locales en los ingresos del Estado, se han dado cuenta, al asumir las responsabilidades de Estado, que no es posible cumplir tal objetivo y que aquellos planteamientos, en expresión de un alto cargo de Economía y Hacienda (que en su día, como tantos otros, defendió estas tesis desde las corporaciones locales), suponen "graves errores conceptuales". En una época en que los gastos del Estado crecen mucho más deprisa que los ingresos, indica este alto cargo, no se pueden comprometer porcentajes fijos de estos ingresos estatales en favor de los ayuntamientos o de las comunidades autónomas. El déficit público sería inasumible por el Estado.

Promesas electorales

De ahí que, pese a los compromisos electorales y a los acuerdos internos del PSOE, y pese a las continuas visitas de los compañeros (socialistas) alcaldes y presidentes de diputación al jefe Felipe González, en Economía y Hacienda se esté dando carpetazo a esta política. Tanto en su aplicación a ayuntamientos como a comunidades autónomas.Los aproximadamente 8.000 municipios, cabildos insulares y diputaciones provinciales que existen en España han percibido en los últimos tres años del Estado, por vía presupuestaria o extrapresupuestaria, cerca de dos billones de pesetas del contribuyente. Las cuantiosas aportaciones de la Administración central no han logrado, sin embargo, equilibrar sus presupuestos y poner fin a unos déficit crónicos. Hasta 1982, los alcaldes socialistas sableaban periódicamente a los ministros de Hacienda de UCD (hoy todavía se están pagando 28.000 millones de intereses por la deuda municipal asumida entonces por el Estado).

Tras la llegada del PSOE al Gobierno de la nación se dicta una nueva disposición de saneamiento de las haciendas locales que supone la absorción por el Estado de unos 116.000 millones de pesetas, correspondientes al déficit real de los ayuntamientos a 31 de diciembre de 1982, y una amplia autorización a los municipios para que implanten en su vecindario recargos sobre algunos impuestos estatales (impuesto sobre la renta de las personas físicas) o aumenten y actualicen figuras impositivas que les son propias.

Durante este período, por otra parte, los ayuntamientos han percibido transferencias de la Administración central por su participación en los impuestos del Estado por valor de unos 865.000 millones de pesetas: 149.809 millones de pesetas, en 1982; 210.204 millones, en 1983; 234.000 millones, en 1984, y 270.670 millones, en 1985. En estas cifras puede observarse el fuerte incremento de las transferencias a los municipios en 1983 (un 40,3% con respecto al ejercicio anterior), coincidiendo con el primer año de gobierno socialista y con las promesas electorales, y la drástica corrección de esta política en los años subsiguientes. Aunque las transferencias a los municipios crecen en valores absolutos- en 1984 y 1985, la participación de los ayuntamientos en la recaudación estatal de impuestos, que aumenta porcentualmente más que estas dotaciones, disminuye sensiblemente.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que agrupa al 98% de los ayuntamientos, ha denunciado recientemente este cambio en la política del Gobierno socialista: "Si la situación inmediatamente futura sigue la tendencia apuntada (ritmo de crecimiento para las transferencias por participaciones en impuestos estatales menor que el del gasto público estatal), y existen indicios para pensarlo, el peso del sector público local dentro del conjunto de las administraciones públicas seguirá siendo escaso, con tendencia incluso decreciente, lo cual podría mediatizar la existencia de una administración local capaz de cubrir la demanda de los bienes públicos locales al nivel que exijan los ciudadanos".

El reparto de la tarta

La FEMP, con un lenguaje medido (hay muchos socialistas en su dirección), desvela las claves de la nueva política de financiación municipal del Gobierno, que no coincide en absoluto con la propugnada hasta 1982: la reivindicada participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado se ha sustituido por la cesión a los municipios de un porcentaje del gasto público. Y además esta participación se fija sobre el gasto público previsto en los presupuestos iniciales del Estado, que tradicionalmente quedan muy desfasados sobre la cifra real, mucho más elevada, que se produce al final del ejercicio vía créditos extraordinarios. La congelación de las transferencias a los municipios es también discutible, desde la óptica local, a la vista de la evolución del gasto público en otros capítulos como los gastos de Defensa.Tras estas discusiones, que trascienden con sordina a la opnión pública por enfrentar a socialistas con socialistas, subyace uno de los problemas más graves e irresueltos del nuevo Estado español: el reparto del poder entre la Administración central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Al final, según reconoce un alto cargo, el poder es "poder de gastar, poder de gestionar recursos y de realizar cosas". Y la teta nutricia son los impuestos.

El problema se circunscribe al reparto de la tarta de los ingresos del Estado. Los ayuntamientos arguyen que son las administraciones más cercanas al ciudadano, y aspiran a que el sector público local alcance, como en otros países, el 25% del sector público estatal (hoy representan sólo un 7%). La Administración central refuta estas aspiraciones recordando a los municipios que en esos países los ayuntamientos tienen a su cargo prestaciones sociales muy onerosas, como el desempleo, la sanidad y la educación.

Entre unos y otros están las comunidades autónomas, que desconfían de un excesivo poder de las corporaciones locales, que las situaría en una especie de emparedado entre la Administración central y las administraciones locales. Hay ya ejemplos elocuentes: en Barcelona existe una auténtica competencia entre el Ayuntamiento socialista y la Generalitat de CiU por ofrecer determinados servicios a los vecinos de dicha ciudad (la de mayor censo electoral de Cataluña), lo que produce duplicidades innecesarias en algunas instalaciones y servicios, mientras que muchas otras poblaciones carecen de los mismos.

La madeja se complica aún más por la persistencia de las diputaciones provinciales, cuya existencia está consagrada en la Constitución, y por las competencias concedidas a algunas comunidades autónomas sobre la financiación de sus municipios. Si éstos no aumentan sus recursos, las comunidades autónomas, que tienen una lógica tendencia a la expansión de sus competencias, crecerán hacia abajo, hacia el ámbito local, a medida que el techo de transferencias de la Administracion central se vaya alcanzando.

Otras tribulaciones

Las corporaciones municipales, adicionalmente a las transferencias directas del Estado, disponen. de una serie de tributos propios (tasas, contribuciones especiales, solares, radicación, circulación de vehículos, plusvalías- de terrenos, gastos suntuarios y publicidad) y de otros que les fueron cedidos por la Administración central a partir de la reforma fiscal de 1977 (contribuciones rústica y urbana y licencia fiscal). A ellos hay que añadir, desde la promulgación de la ley de Saneamiento de. Haciendas Locales en los primeros días de 1983, la posibilidad de los ayuntamientos de ¡imponer recargos sobre el IRPF.Dentro de la estructura de ingresos municipales, algo más del 50% procede de los impuestos (directos e indirectos) y tasas, y alrededor de un 38%, de las transferencias corrientes y de capital. La posibilidad de elevar la recaudación por elevación de los tipos o de los recargos de determinados impuestos ha sido utilizada por los municipios de forma diversa e irregular en muchos casos.

En algunos municipios han asediado al vecindario con las subidas de licencia fiscal y en otros prácticamente no han hecho uso de este recurso. Y junto a todo ello, el conocido tema de los recargos municipales sobre el IRPF, donde las discriminaciones entre una y otra ciudad llegaron a ser abismales (la presión fiscal variaba sensiblemente de vivir en una población o en otra, aunque sólo distaran 15 o 20 kilómetros entre ambas). La fuerte oposición popular y la retirada del recargo del 3%, aconsejada al presidente madrileño Leguina por Felipe Gonzalez, han convertido esta figura en un verdadero descalabro para los municipios y para el Estado: casi nadie ha declarado, y la recaudación global -unos 4.000 millones de pesetas- ronda el 0,45% de la prevista inicialmente. Y todo ello con un coste político y de impopularidad desmesurado para los ayuntamientos, y con un oneroso coste en metálico para Hacienda, que ha debido gestionar este recargo y las inmediatas reclamaciones.

Este panorama explica que los ayuntamientos no sólo soliciten al Estado que les aumente a 340.000 millones las transferencias presupuestarias, sino que reclamen al Gobierno que se haga cargo de nuevo de los números rojos acumulados en 1983 y 1984.