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Maravall discute hoy con los representantes de la enseñanza católica el reglamento de conciertos

Dirigentes de la Comisión Episcopal de Enseñanza, Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE) y Confederación Católica Nacional de Padres (Concapa) se reunirán hoy de nuevo con el equipo de Educación y Ciencia, que dirige José María Maravall, a quien presentarán sus propuestas de modificación al proyecto de reglamento de conciertos, que el ministro les entregó hace unos días. Uno de los motivos de desacuerdo de la escuela católica se refiere a la forma en que dicho proyecto desarrolla los criterios de preferencia para el acceso al régimen general de conciertos definidos en la ley del Derecho a la Educación (LODE).

Los colegios cuya ubicación en la periferia de las grandes ciudades obliga a la mayoría de sus alumnos a acudir diariamente en autocar y a utilizar sus servicios de comedor, tendrán muy pocas posibilidades de beneficiarse de la financiación del Estado, abierta por la LODE. Los artículos 17 y 18 del proyecto de reglamento de conciertos educativos matizan en tal sentido cuanto establece dicha ley a propósito de qué centros tendrán preferencia para acogerse al régimen general de conciertos con la Administración.El apartado tercero del artículo 48 de la LODE establece que "tendrán preferencia para acogerse al régimen de conciertos aquellos centros que satisfagan necesidades de escolarización, que atiendan a poblaciones escolares de condiciones socioeconómicas desfavorables o que, cumpliendo alguno de los requisitos anteriores, realicen experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo. En todo caso, tendrán preferencia aquellos centros que, en régimen de cooperativa, cumplan con las finalidades anteriormente señaladas".

Los parlamentarios del Grupo Popular, que interpusieron el recurso previo de inconstitucionalidad contra varios artículos de la ley, recurrieron contra este apartado en su integridad, aunque sólo con referencia explícita al último punto del mismo: el relativo a la inclusión de las cooperativas en el sistema de preferencias para el acceso al régimen de conciertos.

Preferencia de segundo grado

El Tribunal Constitucional declaró la constitucionalidad de todo el apartado, desestimando la pretensión de los recurrentes de considerar discriminatoria la preferencia que se concede a las cooperativas. El alto tribunal señala en su sentencia que "tal preferencia es, por así decirlo, de segundo grado, ya que actuará sólo en segundo lugar, tras haberse aplicado el primer criterio señalado en el mismo artículo".En su momento, a los legisladores socialistas les sorprendió que los recurrentes aludieran sólo a las cooperativas y no a los otros criterios de preferencia para tener acceso al régimen de conciertos. Dicha sorpresa se explica si se tiene en cuenta la insistencia de ciertos defensores de los intereses de la enseñanza privada en acusar a la LODE de ser una ley que "consagra el principio de zonificación". En cualquier caso, el temor a la zonificación se encontraba más claramente implícito en el recurso contra los artículos 20.2 y 53 de la LODE, en los cuales se establece la proximidad al domicilio del alumno como uno de los criterios para la admisión de alumnos, tanto en los centros públicos como en los concertados, cuando la demanda de plazas sea superior a la oferta. También en este caso el alto tribunal falló en contra de las pretensiones de los recurrentes.

El proyecto de reglamento de conciertos, que Maravall ha sometido también a la consideracion de los sindicatos y organizaciones patronales del sector privado, reitera, en su artículo 17, que "tendrán preferencia para acogerse al régimen de conciertos los centros a que se refiere el artículo 48.3 de la LODE".

El proyecto concreta la forma en que los centros que reúnan las condiciones señaladas en la LODE deberán especificar éstas en una memoria explicativa. A este respecto, el artículo 18 del reglamento precisa que "se considerará que un centro no satisface necesidades de escolarización o no atiende a poblaciones desfavorecidas cuando su ubicación dificulte o haga imposible el acceso al mismo de alumnos que carezcan de recursos económicos para hacer frente al coste de los servicios de transporte y comedor escolares".

La filosofía contenida en este precepto del reiterado proyecto de reglamento es la que subyacía en la decisión adoptada este curso por el Ministerio de Educación cuando se denegó el cambio de módulo de subvención a algunos centros de Madrid, en los cuales los honorarios que deben abonar los alumnos por comedor y por transporte desvirtuaban por completo el sentido de "ayudas a la gratuidad" que justifican las subvenciones estatales.

Aquella decisión ministerial provocó una agria polémica entre las organizaciones de la Coordinadora pro Libertad de Enseñanza, de la que la FERE y la Concapa forman parte, y las autoridades ministeriales. Algunos de los centros afectados calificaron la medida como un atentado más a la libertad de elección, a partir del convencimiento de que tanto la libertad de elección de centro como la subvención del Estado constituyen derechos ilimitados.

Los dirigentes de la escuela católica pretenden ahora que los colegios situados en la periferia de los grandes núcleos urbanos reciban el mismo tratamiento que los colegios públicos de las zonas rurales. Conviene recordar que la política de construcciones escolares de los años 60 se caracterizó por el cierre de numerosas escuelas unitarias y su sustitución por grandes concentraciones escolares, cuyo funcionamiento depende de una costosa infraestructura de transportes y de comedores escolares a cargo del Estado.

La dificultad que representará la actual ubicación de ciertos centros escolares para poder acceder al régimen de conciertos va a afectar a un buen número de colegios de instituciones religiosas, que durante los últimos años han rechazado enérgicamente la acusación de haberse dedicado a la educación de las elites sociales.

Portavoces significados de la Iglesia han dicho algunas veces que una determinada política de financiación de la enseñanza privada podría hacer inevitable esa imagen de elitismo que, en cualquier caso, siguen rechazando por falsa. El cierre definitivo de los centros sería la otra y única alternativa.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 29 de julio de 1985

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