Muchas escuelas se trasladaron a las afueras de Madrid para especular con el solar

El retroceso de la oferta escolar de la iniciativa privada se ha intentado explicar muchas veces corno una consecuencia directa de la política agresiva de construcciones escolares del Estado; pero tal vez no se ha explicado suficientemente la pérdida de miles de plazas escolares en las zonas céntricas de capitales como Madrid.

Ana Olivera, catedrática de la universidad Autónoma de Madrid, ha estudiado documentalmente el cierre de muchos colegios que estaban situados en zonas céntricas de la capital, algunos de los cuales se desplazaron a la periferia después de realizar un sustancioso negocio.

Su estudio -Desdotación escolar y cambio de uso en el Ensanche- fue publicado por el Instituto Juan Sebastián Elcano. Se refiere a la zona del antiguo Ensanche, que abarcaba los barrios de Ibiza, Jerónimos, Recoletos, Goya, Castellana, Argüelles, Gaztambide, Arapiles, Trafalgar, Almagro, Ríos Rosas y Vallehermoso.

Durante la década que abarca el informe, la comprendida entre los años 1969 y 1979, se cerraron en esa zona 55 centros. Las grandes operaciones comerciales que supusieron casi siempre estos cierres (aunque las cantidades reales de las operaciones de venta jamás se llegarán a conocer) pudieron realizarse merced a una legislación que favorecía y casi empujaba a la especulación: las ordenanzas municipales de 1948 y el Plan Parcial de Reforma Interior del Antiguo Ensanche de 1973.

Grandes beneficios

Si se tiene en cuenta la revalorización experimentada por el terreno en la zona de estudio, se pueden calcular los grandes beneficios obtenidos por sus propietarios, sobre todo cuando se advierte, como señala la autora de la investigación, que muchos colegios surgieron de generosas donaciones o fueron comprados a muy largos plazos, casi siempre con fuertes hipotecas a muy bajo interés, mientras que las ventas fueron realizadas al contado o a lo sumo en dos o tres años.El cierre de los centros escolares se producía casi en todos los casos sin el menor problema, pues nunca se les negaba el informe preceptivo del sindicato vertical de enseñanza y de la inspección técnica, ni la posterior autorización de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia.

Algunas de estas clausuras se efectuaron de modo anómalo, sin que se tenga noticia de que las autoridades ministeriales sancionaran a propietario alguno. Ana Olivera relata, entre otros casos, el de las Escuelas Pías de San Fernando, que comenzaron la demolición en el gran solar que ocupaban en la calle de Donoso Cortés sin el permiso de cierre del ministerio y sin la autorización municipal para el derribo. Añade la autora del estudio sobre el antiguo Ensanche que el colegio se trasladó a la urbanización Los Álamos de Bulares, en el municipio de Pozuelo de Alarcón, donde sus propietarios compraron un solar de 45.000 metros cuadrados y solicitaron que el ministerio les declarara el nuevo colegio como "obra de interés social" para conseguir los beneficios que esta declaración conlleva, lo que les fue denegado.