El abogado de tres ultraderechistas españoles solicita a Paraguay que no conceda la extradición de sus defendidos

El abogado José Emilio Gorostiada, defensor de tres ultraderechistas españoles refugiados en Paraguay, solicitó que se rechazara la petición de extradición de sus defendidos, solicitada por el juez Ismael Moreno Chamorro, del Juzgado Central de Instrucción número 1, alegando que todos ellos son "perseguidos políticos".

En su escrito de defensa, el abogado afirma que los delitos que la justicia española imputa a José Manuel Peña, Ramón Francisco Gismero y Arturo Barea, reclamados para responder de 20 delitos de robo con intimidación o fuerza en las cosas, uno de lesiones y otro de daños, "encierran una clara connotación política". Gorostiada presentó a sus defendidos como "activistas políticos" y "militantes anticomunistas" de la organización de extrema derecha Frente de la Juventud.

"Servicios patrióticos"

En su apoyo, el abogado presentó certificados atribuidos a Diego Márquez, subjefe nacional de Falange Española de las JONS, y a Antonio Muñoz Perea, ex jefe provincial de Fuerza Nueva de Madrid. En el certificado de Diego Márquez se afirma que los reclamados "arriesgaron sus vidas en servicios patrióticos" y que debieron "abandonar su patria a consecuencia de la persecución de grupos marxistas y separatistas". Por su parte, Muñoz Perea certifica que mientras los tres pertenecieron a Fuerza Nueva "observaron buena conducta y destacado anticomunismo".Gorostiada recuerda que el tratado de extradición que mantienen Paraguay y España excluye los delitos políticos. Además, estima que el recurso del juez Ismael Moreno contiene "irregularidades formales" que constituyen "una evidente desconsideración hacia el Estado paraguayo, una burla para el ordenamiento jurídico nacional y una verdadera falta de respeto para las autoridades encargadas de administrar justicia".

Peña, Barea y Gismero están entre los principales implicados en una serie de delitos ocurridos en Madrid y Valencia, entre 1979 y 1981. Entre los hechos más importantes figuran los atracos a una peletería de Madrid y contra propietarios de varios pisos y el lanzamiento de cócteles molotov contra el bar Sijo, de Valencia.

El juicio por estos hechos, celebrado el pasado mes de octubre y en el que los miembros más caracterizados del grupo habían huido y estaban declarados en rebeldía, terminó con la condena de 31 miembros del Frente de la Juventud a 84 años de cárcel. Sin embargo, el tribunal consideraba que los procesados habían cesado en su conducta delictiva y dado muestras de que renunciaban a la violencia. Todos quedaron en libertad provisional.