El Gobierno argentino prepara un nuevo paquete de medidas económicas

El Gobierno argentino prepara el lanzamiento de un nuevo paquete de medidas económicas para reactivar la producción. Los efectos recesivos del riguroso plan de ajuste, que logró reducir al nivel cero la hiperinflación que acosaba al país, han provocado una pronunciada caída en las ventas y elevaron el índice de desempleo.

De acuerdo con una encuesta realizada por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) entre las 35 empresas líderes, que facturan mensualmente por 3.379 millones de dólares, la baja de las ventas en el segundo trimestre del año se calculó en un 28%. El desempleo creció un 7,7% y las horas trabajadas se redujeron, sólo en el mes de junio, en un 4,5%. La disminución de la demanda, comparada a valores del mes de junio de 1984, es del 40,4%. Las condiciones del mercado provocaron, al mismo tiempo, una sensible disminución de la capacidad de producción instalada.En todo el trimestre esa caída alcanzó al 18,5%. Del total de compañías que respondieron a la encuesta de ACDE, un 80% -28 empresas- consideró que la utilización de la capacidad productiva es escasa. Los obreros perdieron su poder adquisitivo y la mayoría de las empresas decidió presentar expedientes temporales de regulación de empleo a parte de su personal y avisó al Ministerio de Trabajo sobre futuros despidos.

Más de 180 empresas han cumplido con el requisito de informar previamente sobre la cantidad de personal a cesar. Esa obligación es el resultado de un decreto presidencial pactado con los dirigentes gremiales. El Gobierno espera resolver así, antes de que se produzcan, los casos de despidos masivos.

El promedio del salario abonado en junio a los trabajadores fue de 202,23 australes, la nueva moneda que reemplazó al histórico peso cuando comenzó a aplicarse el congelamiento total de precios y salarios. Esa cifra equivale a unos 220 dólares (unas 37.000 pesetas) y revela un descenso del 14% en la capacidad adquisitiva a valores de diciembre pasado.

El conflicto más serio de todos los surgidos hasta ahora se produjo en la filial de la empresa de automóviles Ford. Ante el despido inicial de 33 obreros, los delegados gremiales lideraron la toma pacífica de la fábrica, que mantuvo inactiva, durante 18 días, la planta industrial que la empresa posee en General Pacheco, 50 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.

La comisión interna sindical denunció entonces que la Ford planeaba reducir su plantilla de 4.500 trabajadores en una tercera parte. La intervención de la justicia, ordenada por el Gobierno, obligó a desalojar la planta, pero pocos días después la empresa decidió despedir a otros 305 obreros. Por fin, el miércoles pasado, el presidente de la Ford en Argentina, Robert Sparvera, y el secretario gremial de los obreros mecánicos, José Rodríguez, firmaron un acuerdo ante el ministro de Trabajo, Hugo Barrionuevo.

La empresa se comprometió a revisar los despidos, que incluyen a todos los delegados sindicales, y prometió reanudar su producción en 10 días. El plan inicial de la Ford, que era el de retirarse del mercado argentino, fue abortado por las denuncias de sus trabajadores. Ahora la empresa proyecta reducir su producción al mínimo, mientras rige el plan de ajuste económico.

Por su parte, la poderosa Confederación General de Trabajadores (CGT), lanzó ya un plan de lucha y movilización con paros regionales y denunció que, si el Gobierno no toma medidas drásticas para reactivar la producción y termina con la ola de suspensiones y despidos, convocará una nueva huelga general para mediados de agosto.