Los servicios secretos de la RFA tendrán más autonomía para obtener datos de los ciudadanos

La coalición de cristianodemócratas (CDU-CSU) y liberales (FDP) en el Gobierno de la República Federal de Alemania (RFA) está elaborando un paquete de leyes que dará a los servicios secretos una amplia autonomía para recabar, tratar y almacenar datos confidenciales sobre los ciudadanos, según afirma el semanario Der Spiegel en su última edición.Está previsto que las nuevas leyes, referentes a competencias del servicio de inteligencia militar (MAD), de la Oficina Federal de Defensa de la Constitución (BFV) y cooperación entre los servicios de información, entren en vigor el próximo año. Al parecer, existe aún oposición de algunos diputados liberales, que temen, al igual que la oposición, que la nueva normativa haga del todo incontrolables las actividades de los servicios de información, en detrimento del derecho a la intimidad.

En parte, la nueva ley sólo dotará de marco legal a prácticas que los servicios de información llevan a cabo desde hace tiempo, como son la recopilación y el almacenamiento de datos de personas sospechosas de simpatizar con movimientos izquierdistas, pacifistas y ecologistas, sindicalistas, intelectuales, periodistas u otros profesionales críticos.

Según Der Spiegel, el MAD y el RFV intercambian información sobre la vida particular de ciudadanos con y sin antecedentes penales sin que los afectados sean advertidos y tengan, por tanto, posibilidad de recurso o defensa. Entre los sospechosos en una lista de subversivos en potencia del MAD figuraba el ahora fallecido premio Nobel de Literatura Heinrich Böll y el profesor de Retórica Walter Jens.

Los servicios secretos alemanes hacen gala de un entusiasmo ilimitado en la utilización de las enormes posibilidades de almacenamiento y tratamiento de datos que les ofrece el desarrollo de la informática.

Como, en bien de su efectividad, más vale un dato de más que uno de menos, sus ordenadores contienen datos sobre los dueños de los automóviles vistos en las cercanías de un mitin del partido comunista (DKP), de los compañeros de vivienda de un asistente a una fiesta de solidaridad con Chile o Nicaragua o de la firmante de un manifiesto feminista.

El Tribunal Constitucional de la RFA paralizó en 1983 diversas informaciones sobre la vida particular de los ciudadanos. Entonces sentenció que el individuo tiene un derecho de propiedad sobre sus datos personales y el derecho al trato confidencial y al de anulación de esta información en los bancos de datos oficiales o semioficiales.

El Gobierno de la RFA parte ahora, sin embargo, de la base de que este derecho está subordinado al interés común.