Del recorte y otras perversiones
Los profundos enfrentamientos entre UGT, por un lado, y el Gobierno y el PSOE, por otro, en la reforma de pensiones han estado centrados en lo que se ha llamado "los efectos perversos de la ley". A juicio de la central socialista, estos efectos podían resumirse en tres: el recorte de la cuantía inicial de la futura pensión, el efecto de expulsión (los trabajadores que quedarían sin derecho a prestación con los nuevos requisitos), y la revalorización automática y de acuerdo con la inflación real.Los debates en estos tres puntos no han concluido. Para los sectores de UGT más afines a las tesis del Gobierno, las enmiendas asumidas por el Grupo Socialista han eliminado, o cuando menos suavizado la perversidad de la ley. Por el contrario, otros sectores, más alineados con las posiciones de Nicolás Redondo, aunque reconocen la mejora, afirman que persisten los efectos negativos.
Los primeros argumentan que, salvo en lo que se refiere al recorte inicial, en los otros dos puntos el acuerdo es satisfactorio. Así, el efecto de expulsión provocado por la aplicación de un período de cotización mayor, y que en un principio estaba calculado que afectaría a 150.000 futuros pensionistas, se ha visto considerablemente reducido tras la modificación introducida en los requisitos exigidos en las pensiones de invalidez. En esencia, en el texto original se establecía un período de cotización de 15 años para tener derecho a pensión de invalidez, con la enmienda se rebaja a 10 años.
En el punto de la revalorización, según estos sectores, se ha conseguido el compromiso del Gobierno de que las pensiones por debajo del salario mínimo suban de acuerdo con la inflación real y no con la prevista.
La mitad de lo pedido
Incluso en el recorte, para los que defienden esa suavización de la perversidad, se ha conseguido el 50% de lo que defendía UGT, al haberse aceptado una enmienda por la que el nuevo sistema de cálculo se aplicará de forma gradual.
Frente a estas posturas, otros sectores consideran que seguirá produciéndose un efecto de expulsión y, sobre todo, que muchos trabajadores se verán obligados a retrasar el momento de su retiro de la vida laboral como consecuencia de los 15 años que se siguen exigiendo para las pensiones de jubilación. Y que, en cualquier caso, hay que instrumentar las medidas adecuadas para que los que se queden sin derecho a pensión puedan pasar directamente a las asistenciales.
En cuanto a la revalorización -y en esta misma línea se pronuncia la resolución del comité confederal- tiene que obtenerse todavía un compromiso cierto del Gobierno. Pero lo que sigue siendo el nudo dentral de la polémica, no se ha resuelto: el período transitorio para aplicar el nuevo período de cálculo -tomar en el primer año de aplicación de la ley la cotización de cinco años, revalorizando tres, para seguir progresivamente hasta los ocho de cálculo- sigue suponiendo un recorte importante de las prestaciones.
