Recomponer el diálogo social

EL NUEVO Gabinete ha manifestado entre sus intenciones prioritarias el relanzamiento de los acuerdos sociales. La recomposición del tejido social mediante estímulos para que los distintos agentes -patronal y sindicatos- ejerzan en la vida pública las funciones que les son características, es urgente. Por ello no deja de ser una mala noticia el aparente final de las conversaciones entre el Grupo parlamentario Socialista y la Unión General de Trabajadores para llegar a un acuerdo en la reforma de las pensiones. La primera prueba ha terminado con un nuevo fracaso.Quienes confiaron en cerrar definitivamente el proceso de enfrentamientos entre la familia socialista han visto frustradas sus esperanzas. No sólo no se ha conseguido la unidad entre ambas organizaciones, sino que sus disputas internas han hecho que se olvidara el fondo de la cuestión: cómo abordar una reforma global de la Seguridad Social y los efectos que la nueva ley tendrá en el conjunto de la sociedad.

Las diferencias sobre la reforma de pensiones entre UGT y el Gobierno son profundas. La idea de una reforma que tiene como principal objetivo reducir las actuales prestaciones, como método inicial de racionalización y de eficacia de la Seguridad Social, tenía que chocar inevitablemente con el sindicato socialista. Prácticamente desde que se anunciara la intención del Gobierno de modificar el sistema de pensiones, la UGT planteó las dificultades que tenía para asumir los criterios gubernamentales. No obstante, en medios del partido y del sindicato se asegura en estos días que la familia socialista empieza a superar diferencias y a acercar posturas; pero el enfrentamiento, aunque más soterrado, sigue. Y es porque la reforma de las pensiones se ha convertido en catalizador de unas diferencias que se venían arrastrando prácticamente desde la llegada al poder del partido socialista.

Las modificaciones que el PSOE está dispuesto a introducir en el proyecto de ley de pensiones no satisfacen a la UGT, fundamentalmente porque la reforma sigue apoyándose en un recorte de las futuras prestaciones. La enmienda presentada en este sentido, estableciendo un período de aplicación progresiva del nuevo sistema de cálculo de las prestaciones, es desde luego un intento de acercamiento, pero contempla aún recortes para las pensiones nuevas de entre un 6,5% y un 9% respecto a las actuales.

La salida a esta situación parece difícil. La central socialista se encuentra atada por una resolución de su último comité confederal que la obliga a convocar movilizaciones contra el Gobierno si no se adoptan modificaciones sustanciales. La cuestión está en saber si las enmiendas anunciadas pueden o no considerarse así. Y si no lo son, hasta dónde está dispuesta a llegar UGT en sus protestas. Después de la manifestación del pasado día 4 de junio no parece probable que el sindicato repita suerte con unas medidas que no han dado los resultados esperados.

El segundo Gabinete socialista tiene ahora, en cualquier caso, la oportunidad de recomponer el diálogo respecto a la política social, y parece dispuesto a hacerlo. Es una buena idea: sólo desde una mayor participación, patronal y sindicatos serán capaces de entender y asumir los sacrificios que la filosofía del rigor económico y del ajuste a medio plazo hace imprescindibles.