Los empresarios consideran imprescindible que el Estado pague el 25% de la Seguridad Social

El documento enviado por la CEOE a Felipe González establece como medidas urgentes la reforma de la estructura financiera de la Seguridad Social, la flexibilidad del mercado de trabajo y medidas de política fiscal y de carácter financiero para lograr el relanzamiento de la inversión ante la entrada en la CEE. El Estado debería, en 1986, contribuir con el 25% del presupuesto total de la Seguridad Social.La CEOE propone que el Gobierno establezca un plan de reforma de la financiación de la Seguridad Social para el periodo 1986-1993 "en el que se concreten los incrementos de aportación estatal y reducción simultánea de las cotizaciones empresariales". La CEOE propone que, como primera medida, en los presupuestos del año próximo se recoja una aportación estatal por un montante no inferior al 25% del presupuesto total de la Seguridad Social. La reducción de las cuotas de las empresas, mediante el aumento de la aportación estatal no debería provocar problemas en opinión de CEOE, ya que el primero de enero del año próximo entrará en vigor el IVA lo que significará mayores ingresos que, desde siempre, se ha señalado que irían destinados a este fin.

Dentro de las acciones para reformar la Seguridad Social se vuelve a señalar la necesidad de racionalizar y contener los gastos de la Seguridad Social. Los expertos de CEOE consideran imprescindible "poner fin a las políticas que introducen discriminaciones entre empresas nuevas y antiguas", mediante la concesión de exenciones y subvenciones en las cuotas de la Seguridad Social para los nuevos empleados. CEOE considera que ésto favorece deslealmente la inversión extranjera y la creación de nuevas empresas, con menores gastos iniciales, mientras que penaliza a las empresas ya existentes que son las que mantienen la mayor parte del empleo de la economía. José Luis Cerón explicó que la solución sería rebajar todas estas subvenciones en sus valores absolutos pero permitiendo que se puedan acoger a ellas todas las empresas.

Flexibilidad laboral

La flexibilidad del mercado de trabajo debe realizarse, según CEOE, cumpliendo el compromiso recogido en el AES en el que se establece la homologación de la legislación laboral española a las directivas de la CEE y persiguiendo acabar con la economía sumergida o con las empresas que funcionan gracias a las subvenciones.

Las medidas de política fiscal que el Gobierno debería adoptar, según el documento de la patronal, buscarían el fomento del ahorro y la inversión mediante el "establecimiento de límites globales a las fiscalidad soportada por cada unidad contribuyente", poniendo freno a la distinta presión fiscal a que se ven sometidos los contribuyentes por la Administración central y las autonómicas y locales. Al tiempo CEOE señala la necesidad de reconsiderar "la reciente normativa sobre infracciones y sanciones tributarias y sobre delitos contra la Hacienda Pública", porque este tipo de legislación es contrario "al clima de confianza y de estímulo de iniciativas".

CEOE considera necesario que se corrijan anualmente las escalas de los tipos impositivos en los impuestos progresivos en función de la inflación, para evitar el aumento de la fiscalidad derivada de los aumentos puramente monetarios de las rentas y de los patrimonios. La organización patronal considera urgente que se eliminen los límites y techos existentes para las desgravaciones por inversiones en el impuesto sobre la renta y el de sociedades, especialmente en lo que se refiera a inversiones en capital riesgo, y que desaparezca el Impuesto sobre el Patrimonio.

En el terreno financiero, se considera previo que el Estado reduzca sus necesidades de financiación del déficit para que no haya problemas para las empresas privadas.