Una crisis todavía no explicada

EL PRESIDENTE del Gobierno expondrá el próximo jueves, ante la Diputación Permanente del Congreso, el significado de la reciente crisis ministerial. La explicación de las razones que han llevado a Felipe González a cambiar a siete miembros de su anterior Gabinete es algo más que un gesto de cortesía hacia el Parlamento. Aunque el mecanismo constitucional de las relaciones entre el legislativo y el Ejecutivo no exija la comparecencia ante el Congreso de los Diputados del presidente del Gobierno para informar de los nombramientos o los ceses de sus colaboradores, fueron los socialistas quienes propusieron, cuando acampaban en la oposición, que las explicaciones sobre las crisis ministeriales quedaran incorporadas a los usos parlamentarios. La tendencia de los inquilinos de la Moncloa a acentuar los rasgos presidencialistas de nuestro sistema político debe ser corregida mediante la participación de las Cámaras -a las que nuestra norma fundamental confía la tarea de controlar la acción del Gobierno- en el análisis y valoración de las decisiones adoptadas por el jefe del Ejecutivo.Si el cese de Morán y la dimisión de Boyer reclamaron la atención de la opinión pública y monopolizaron las preguntas de los periodistas en la conferencia de prensa del presidente, no es posible, por lo demás, silenciar-o no atender suficientemente al significado de los cambios en las restantes carteras. Resulta de interés conocer los motivos por los que un técnico como Julián Campo, con una pobre política en carreteras pero cuyo proyecto de ley de Aguas figurará entre las realizaciones notables de la actual legislatura, ha sido sustituido por un antiguo abogado laboralista totalmente ayuno en materia de Obras Públicas -según propia confesión- y conocido tan sólo por sus nada brillantes cualidades como portavoz del Grupo Socialista en el Congreso. Tampoco sería ocioso averiguar si los cambios en los ministerios de Transportes y de Administración Territorial se deben a una gestión defectuosa de sus antiguos titulares, a un giro en la política de esos departamentos que exigiría nuevos gestores o a razones de otra índole. Y merece una explicación la decisión de designar portavoz del Gobierno a un ministro que deberá simultanear sus nuevas funciones con la cartera de Cultura, fórmula que obliga a éste a simultanear dos despachos y que puede suscitar en Solana los problemas de identidad derivados de confiar a una misma persona la propaganda política y la administración de los bienes culturales.

En cualquier caso, Fernando Morán y Miguel Boyer seguirán ocupando el centro de la fotografía de la crisis. Y al margen de lo ya dicho respecto a ambos casos, el presidente debería explicar sus motivos reales para designar un nuevo ministro de Exteriores de significado tan distinto al que se va, y cómo afecta eso a los proyectos sobre la OTAN y al referéndum. También debe aclarar las atribuciones de cansancio que hizo a Boyer como justificación de su dimisión. Tanto el presidente como el ministro dimitido deben ser conscientes de que nadie cree esa explicación oficial, mientras se abre paso -dañando la imagen de sinceridad que Felipe González quiso ofrecer en su lamentable conferencia de prensa- la tesis de una dimisión relacionada de una u otra forma con la creación de una segunda vicepresidencia. No es una cuestión baladí: los ciudadanos tienen derecho a saber lo sucedido, y es ante las Cortes ante quien debe darse esa información. La conspiración para proteger bajo el secreto la historia de esta crisis y la obcecación de unos y de otros para suministrar falsas o parciales explicaciones sobre su desenlace constituyen un acto de desprecio hacia los ciudadanos.