Boyer planteó exigencias "inaceptables" a Felipe González forzando así su salida del Gobierno

La exigencia de convertirse en vicepresidente económico, que aparentemente motivó la dimisión irrevocable del ministro Miguel Boyer, forzando un giro inesperado en la crisis abierta por el presidente González, era Inaceptable, legalmente polémica y difícil de llevar a la práctica en los plazos en que se había marcado la resolución de la crisis", de acuerdo con altas fuentes de la Administración. La explicación más extendida ayer en medios gubernamentales y del PSOE señalaba que Boyer, acuciado por motivaciones de diversa índole, extremó sus exigencias "hasta un punto en que se hacía casi imposible darles satisfacción" para forzar así su salida del Ejecutivo.

El deseo de obtener un total control de la economía, para completar su política de ajuste en un momento en el que urgía terminar el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1986, las fricciones mantenidas a este respecto con otros miembros del Gabinete y, paralelamente, los problemas personales de índole sentimental que arrastraba y a causa de los cuales vivía solo en el Ministerio desde hacía meses, indujeron a Boyer a plantear su ultimátum al presidente González, de acuerdo con las fuentes mencionadas. González, no obstante, negó en su conferencia de prensa del pasado jueves que Boyer hubiese solicitado directamente la vicepresidencia, aunque admitió que "algo hay de eso" cuando un periodista le preguntó si el ministro de Economía había reclamado más poderes.Sin embargo, numerosas fuentes insisten en que Boyer planteó, de nuevo hace una semana, la conveniencia de convertirse en vicepresidente del Gobierno; esto es algo que legalmente resultaba complicado de resolver estando las Cámaras legislativas cerradas y habiendo fijado Felipe González una fecha fija para la resolución de la crisis.

En efecto, el real decreto-ley 22/ 1982, de 7 de diciembre, enumera los departamentos ministeriales con carácter exhaustivo, mencionando, en su artículo tercero, la existencia de una sola vicepresidencia. Ello significa, de acuerdo con algunas interpretaciones, que, para poder modificar la estructura orgánica del Gobierno, habría que derogar este decreto-ley, y hubiese sido necesario otro, que fuese ratificado por las Cortes, para lo cual, en esta época, se hubiese hecho necesario reunir la diputación permanente; "algo que no puede hacerse fácilmente de un día para otro, como se requeriría si, como prometió el presidente, la crisis debía estar resuelta el 3 de julio", de acuerdo con un miembro del Grupo Parlamentario Socialista. "A menos", continuó este parlamentario, "que lo que Boyer pretendiese fuera sustituir a Guerra en la única vicepresidencia posible".

Sin embargo, otras interpretaciones invocan el artículo 98 de la Constitución, según el cual, el Gobíemo "se compone por el presidente, los vicepresidentes en su caso, los ministros y demás miembros que establezca la Ley", de donde podría llegar a inferirse que el presidente puede nombrar libremente cuantos vicepresidentes desee, saltándose el numerus clausus del real decreto antes mencionado, "algo que, en todo caso, hubiese suscitado nuevas polémicas y complicaciones innecesarias", según un experto consultado por este periódico.

Escasa intervención de Guerra

Los ataques en privado contra Boyer, procedentes de los más variados medios socialistas, proliferaron en el día de ayer, coincidiendo la mayor parte de las fuentes en pensar que el ex ministro de Economía había ido "demasiado lejos" en sus exigencias. Estas fuentes recordaron la "inestabilidad" de que ya hiciera gala Boyer en 1977, abandonando el PSOE para ingresar en el PSD de Fernández Ordóñez durante una breve temporada, para regresar de nuevo al PSOE, tras lo cual abandonó también su escaño de parlamentario.Sectores del PSOE y de la Administración próximos a Alfonso Guerra negaron que éste hubiera tenido una intervención decisiva en la resolución de la crisis, recordando que, en los últimos días de la gestación de ésta, el vicepresidente y vicesecretario "ni siquiera se encontraba en Madrid". Sin embargo, no negaron que Guerra hizo mención, en algún momento, a la necesidad de "poner coto" a las exigencias de Boyer, a cuyo favor se había inclinado ya la crisis cuando, el pasado martes, planteó su dimisión. Pese a los puntos oscuros que siguen planeando sobre la resolución de la crisis, y a la premura con la que hubo que cubrir algunos departamentos -JavierSáenz de Cosculluela, por ejemplo, conoció que iba a ser nombrado ministro de Obras Públicas cuatro horas antes de que González se entrevistase con el Rey para entregarle la lista definitiva-, el Gobierno se esforzó ayer en ofrecer una sensación de normalidad. Los integrantes del que será Gobierno de las elecciones tomaron ayer posesión de sus cargos en ceremonias informales y mantuvieron una primera reunión.

Sin embargo, estos esfuerzos por ofrecer un clima de cotidianeidad no lograban ocultar la sensación de provisionalidad que se respiraba ayer en numerosos ministerios -no sólo en aquéllos que han cambiado de titular-, donde comenzaron las especulaciones en torno a los próximos cambios en los segundos escalones de la Administración. Estos cambios, afirmaron ayer fuentes de diversos ministerios, afectarán más a los departamentos cuyo titular no ha sido relevado que a los que reciben nuevos ministros.

Los cinco ministros entrantes en el Gabinete de Felipe González, además de Carlos Solchaga, que cambió el Ministerio de Industria por el de Economía y Hacienda, acudieron a primera hora de la mañana de ayer al palacio de La Zarzuela, para prometer sus cargos -Félix Pons, titular de Administración Territorial, fue el único en utilizar la fórmula del juramento- ante los Reyes, el presidente y el ministro de Justicia, como notario mayor del Reino. Allí, la Reina, bromeando, preguntó a Solchaga si creía más difícil entrar en un Gobierno o cambiar de cartera, a lo que el ya titular de Economía, sonriendo, respondió: "Pregúnteselo Vuestra Majestad a Fernández Ordóñez, que tiene más experiencia".