El juez estima que hay "indicios o sospechas" sobre Guerra y Barrionuevo por el espionaje policial a Alianza Popular

El juez José María Vázquez Honrubia, instructor de la causa 1.7421/1985, relativa al espionaje policial realizado sobre Alianza Popular (AP), estima que hay indicios o sospechas" de que el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, y el ministro del Interior, José Barrionuevo, entre otros, están implicados. Por tratarse de personas aforadas -no sujetas a la jurisdicción ordinaria-, Vázquez Honrubia remitió una copia del sumario al Tribunal Supremo, por si éste juzga conveniente reclamar su competencia sobre la causa, abierta por la querella presentada en mayo pasado por AP.

Vázquez Honrubia, titular del Juzgado de Instrucción número 21 prefirió no revelar los nombres de las personas que, en su opinión, pueden ser procesadas en esta causa, ya que, según precisó, "se trata de un asunto enormemente delicado". Fuentes jurídicas señalaron que, entre esas personas figuran, además de Guerra y Barrionuevo, el diputado socialista Eduardo Martín Toval; el director general de la Policía, Rafael del Río; el comisario general de Información, Jesús Martínez Torres; el jefe de la Brigada de Interior, Alberto Elías, y varios funcionarios del Cuerpo Superior adscritos a la citada brigada.No obstante, es ahora el Tribunal Supremo quien debe decidir si inicia o no los trámites correspondientes para procesar a dichas personas o a alguna de ellas. Igualmente, la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo decidirá si en la misma causa procesa a varias de las personas que actuaron como topos dentro de AP.

En la providencia de Vázquez Honrubia, se dice textualmente: "A la vista de todo lo actuado, elévese atenta exposición a la sala segunda del Tribunal Supremo, a la que se acompañará testimonio de las diligencias practicadas, de conformidad con el artículo 21.2 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, por aparecer presuntamente implicadas personas que gozan de fuero en dicha sala, a tenor de los artículos 102.1, 71.2 y 3 de la Constitución; artículo 45 de la ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado; 281 y 284 de la ley Orgánica del Poder Judicial y demás concordantes".

El artículo 102.1 de la Constitución dice que "la responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo". El artículo 71 de la Constitución señala que los diputados y senadores "no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la cámara respectiva". El artículo 45 de la ley de Régimen Jurídico indica que la responsabilidad criminal de funcionarios con categoría superior a la de jefe superior de la Administración será exigible ante la sala primera del Tribunal Supremo, y la del resto de funcionarios ante la audiencia territorial correspondiente.

Tras esta decisión del juez Vázquez Honrubia, que ha contado con el "visto y conforme" del fiscal Carlos Ladrón de Cegama, se ha dado un importante paso con respecto a la búsqueda de responsabilidades por el espionaje policial sufrido por AP, partido que interpuso la querella hace mes y medio. Tanto el juez como el fiscal comentaron ayer que, a lo largo de la instrucción del sumario, se había producido "una serie de casualidades", pero añadieron: "Hemos procurado mantener la indepedencia y la hemos mantenido".

El juez levantó ayer. el secre que pesaba sobre el sumario, por lo que su contenido fue exarninado en la mañana de ayer por el diputado de AP José María Ruiz Gallardón, en nombre de AP, y por el abogado Luis Sánchez Movellán, en nombre de la Dirección General de la Policía. Este letrado, y no un abogado del Estado -como sería más lógico, según estiman fuentes judiciales-, actúa en esta causa desde el pasado 14 de junio.

Seis años con 'topos'

Entre las personas que han sido interrogadas por el juez en estas semanas figuran las autoridades antes citadas -Barrionuevo lo hizo por escrito y Guerra en una sesión "tensa", según declaró ayer el juez a la cadena SER-, el director de la Seguridad del Estado, los dirigentes de AP Manuel Fraga y Jorge Verstrynge, los policías que presuntamente intervinieron como topos en AP y empleados o simpatizantes del partido que suministraron datos a la policía.También declararon policías que en su día estuvieron destinados en la Brigada de Interior, como el subcomisario Mariano Baniaádrés y el inspector Félix Gallego. Éste aportó datos muy concretos sobre cómo se obtenía información de partidos políticos y desveló comentarios antidemocráticos que en ocasiones se hacían en dicha unidad policial.

Según personas que conocen el sumario, las declaraciones de Guerra y Verstrynge registran 'Tuertes discrepancias". Guerra señaló al juez que él dispuso con antelación de documentos de AP porque se los facilitaban los periodistas, pero sólo unos minutos antes de hacerse públicos dichos documentos. Verstryrige, sin embargo, aseguró que el vicepresidente disponía de algunos documentos con muchas horas de antelación y aportó datos muy concretos.

El diputado Martín Toval declaró al juez que algunos documentos reservados de AP los tenía en su poder el Gobierno o el PSOE porque les eran remitidos de forma anonima, por correo.

En general, los policías que de clararon pusieron de relieve que, en efecto, se investigaban actividades de partidos políticos, pero que nunca ha estado claro cuál es el límite de esas investigaciones. Tanto éstos como Barrionuevo u otro altos cargos negaron que se tratara de un "espionaje".

Sin embargo, en el sumario exis ten datos concretos para asegurar que, desde hace seis años, AP tenía varios topos que sacaban del partido valiosa información sobr sus actividades. Concretamente desde que el partido tenía su sede en el número 23 la calle Silva, de Madrid, donde también tenía la sede la Fundación Cánovas del Castillo. Algunos servicios eran comunes para ambas organizaciones y suponían un agujero adecuado para la introducción de topos.

En algunos casos, los topos lograron introducirse por razones de amistad directa con empleados de AP. En otros casos, familiares de policías pusieron en contacto a és tos con empleados o simpatizan tes del partido conservador. Por ejemplo, las esposas de un inspector de policía apellidado Bartolomé y del anterior jefe de distribu ción de AP, apellidado González eran amigas y habían nacido en la misma localidad. Una de las personas a las que se prohibió la en trada en AP hace varios meses es Antonio González, que, según conocedores del sumario, fue confl dente de la policía.

Ruiz Gallardón aseguró que AP "está ahora limpia de topos". Afirmó que "hay pruebas" del espionaje y que "los hechos son más graves de lo que suponíamos".