El Grupo Popular asegura que no ha fracasado porque la doctrina del Tribunal Constitucional le da la razón

El Grupo Parlamentario Popular considera que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley orgánica del Derecho a la Educación (LODE), ley que este grupo recurrió y que el tribunal ha declarado constitucional a excepción del apartado referido al control del ideario,"no es ningún fracaso porque se apoya en nuestras interpretaciones" según afirmó ayer en el Congreso el diputado de este grupo José María Ruiz Gallardón. Por su parte, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Javier Sáenz de Cosculluela, a la vista de que todos los afectados por la LODE se sentían satisfechos, dedujo que las bases para el pacto escolar están sentadas.

La lectura de los considerandos de la sentencia hace concluir a Ruiz Gallardón que los magistrados han coincidido con la filosofía de la derecha. "Si el Gobierno, en su aplicación de la ley, se extralimita podría dar lugar a la interposición de muchos recursos", advirtió este diputado.Las exhaustivas explicaciones doctrinales de José María Ruiz Gallardón y del diputado del Partido Demócrata Popular (PDP) José Luis Álvarez sobre el asunto mostraban un optimismo en principio contradictorio con la unanimidad del Tribunal Constitucional al avalar la LODE, a excepción de un solo punto de los seis que el Grupo Popular presentó como inconstitucionales. La sentencia sólo considera al margen de la Constitución el apartado que obligaba al ideario del centro a pasar por control administrativo.

El moderado optimismo formal que expresaron en tono sobrio los populares se basa en los considerandos de la sentencia, y sólo su satisfacción era manifiesta cuando hablaron del apartado desechado. "El tribunal dice que no se puede intervenir en el ideario del centro, que es una facultad del director, y esa es la piedra angular ideológica de nuestras tesis", afirmó Ruiz Gallardón. José Luis Álvarez se reafirmó en la justificación de haber interpuesto recurso aunque sólo sea por este punto.

Interpretaciones

En su lectura de los considerandos, Álvarez deduce lo siguiente: "No se pueden eliminar las ayudas a los centros que impartan otros niveles que no sean los obligatorios; no se puede limitar la facultad del titular del centro para nombrar y despedir a los profesores; el control de los presupuestos del centro recae prioritariamente en el director y no en el consejo escolar". "Estas interpretaciones que el tribunal reconoce son las que nosotros defendemos, aunque sea una interpretación un poco forzada", reconoció. "No es un éxito porque no es nuestra ley, pero nos da tranquilidad porque la interpretación que hace el tribunal de los puntos esenciales coincide con nuestras tesis y no con la filosofía socialista", dijo Ruiz Gallardón.Horas más tarde era el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Javier Sáenz de Cosculluela, quien comparecía ante los informadores, y no quiso entrar en estas apreciaciones del Grupo Popular. "Esas consideraciones no son vinculantes, sino que sientan doctrina del propio tribunal. Aquí lo decisivo es el fallo que declara constitucional la ley", dijo Sáenz de Cosculluela. El portavoz socialista, tras oir las manifestaciones del Gobierno y del grupo recurrente, todas ellas satisfactorias, deduce que "estamos en presencia de un acuerdo para llegar al pacto escolar".

El Grupo Socialista va a sustentar el principio de que para el desarrollo de esta ley se inicie el diálogo con todas las fuerzas sociales. "Pasemos la página del conflicto y comencemos el diálogo dijo Sáenz de Cosculluela, no sin advertir que la actitud abierta de los socialistas no era un signo de debilidad, sino que obedecía a la responsabilidad histórica que todos tenían en llevar a la comunidad escolar. un clima de sosiego.

A partir de ahora cree el portavoz socialista que hay dos opciones: que la derecha continúe haciendo de la LODE una "bandera conflictiva", o que se preste a un diálogo, "dado que ya no nos separa el conflicto de la constitucionalidad".

Sáenz de Cosculluela advirtió que el Gobierno y el grupo que lo sustenta no pretenden una "uniformidad educativa entre izquierda y derecha", pero que el soporte constitucional existe y no viola el artículo 27 de la Consticución, del que se deriva el pacto sobre enseñanza entre todas las fuerzas políticas. "Desde la discrepancia, colaboremos", exhortó Cosculluela. "Se podían haber hecho muchas cosas en este año y medio que la ley ha estado parada innecesariamente, pero dejemos a un lado el conflicto".

El desarrollo

Igualmente, los populares Ruiz Gallardón y Álvarez pidieron la apertura del diálogo de cara a la próxima reglamentación y desarrollo de la ley. "Una interpretación errónea podía dar lugar a la presentación de recursos por quienes están legitimados", advirtió Alvarez. "Quizá sea esto lo que justifica que el ministro de Educación haya hablado de buscar el diálogo con los interesados", enjuició el diputado democristiano.A pesar de estos explicaciones aparentemente satisfactorias, Ruiz Gallardón se alejó, por último, de los principios de la ley. "Que la ley no sea inconstitucional no quiere decir que sea buena; ésta no es nuestra ley", apuntó Ruiz Gallardón.

La próxima semana las Cortes remitirán al rey Juan Carlos esta ley para su sanción y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado. La Mesa del Congreso se reunió ayer y acordó el procedimiento a seguir para el cumplimiento de la sentencia. Se procederá simplemente a eliminar del texto el apartado declarado inconstitucional, proceso que repetirá la Mesa del Senado el próximo martes.