La representación del periódico afirmó que la Vía civil no era la procedente en la demanda

La representación legal del director de EL PAÍS y de la empresa editora, PRISA, negaba en el escrito de contestación a la demanda de José Barrionuevo cualquier componente delictivo en las críticas realizadas por el diario a la gestión del ministro del Interior, y señalaba la improcedencia de la vía civil para los supuestos recogidos en la demanda. En cambio, la representación del diario estimaba que las acusaciones del ministro en todo caso podrían estar tipificadas como presunto delito de desacato, para lo que sería procedente la vía penal.El escrito subrayaba que "los editoriales y noticias publicados en EL PAÍS siempre han tenido como destinatario, sin excepción alguna, al ministro del Interior. ( ... ) El señor Barrionuevo, como persona física, privada, particular, no ha interesado al periódico EL PAÍS en ningún momento".

El escrito de contestación no sólo ratifica que todas las informaciones y críticas del diario al ministro del Interior "siempre se han efectuado dentro del marco establecido en el artículo 20 de la Constitución, referente a la libertad de expresión e información", sino que pone de manifiesto la falta de capacidad del ministro para asimilar la crítica a su gestión y "los gravísimos ataques a la libertad de expresión" contenidos en algunas de sus afirmaciones.

Los testimonios

Los ministros de Justicia, Fernando Ledesma, y de Defensa, Narcís Serra, propuestos como testigos por la representación legal de EL PAÍS y de su director, prestaron declaración el 14 de mayo en el Juzgado de Primera Instancia número 16 de Madrid. Ledesma reconoció que el ministro del Interior le transmitió su preocupación personal por el contenido del oficio judicial que pedía información a los servicios secretos sobre el asesinato de Santiago Brouard, en el momento de entregarle una copia de ese oficio, al término de un Consejo de Ministros. Fernando Ledesma añadió que trasladó "la preocupación personal del ministro del Interior" al fiscal general del Estado en funciones, Cándido Conde Pumpido.

El ministro del Interior, José Barrionuevo, al realizar el 16 de mayo su confesión judicial, solicitada como prueba por la parte demandada, contradijo al titular de Justicia, al negar que hubiese transmitido su preocupación personal a Ledesma por el oficio del juzgado de Bilbao a la Comisaría general de información. Barrionuevo se reafirmó en que EL PAÍS pretende "atentar contra los pilares de nuestro sistema democrático". A continuación prestaron declaración varios altos cargos del Ministerio del Interior.

Al día siguiente, el fiscal Emilio Valerio Martínez de Muniáin declaró ante el juez que ha sido expedientado y sancionado "por su actuación en el sumario tramitado por el asesinato de Santiago Brouard". El fiscal se amparó en el secreto profesional para no contestar a varias preguntas formuladas por el magistrado, de acuerdo con la prueba propuesta por la representación legal de EL PAÍS, sobre la finalidad de las diligencias solicitadas en torno a varios servicios del Estado, por estimar que la revelación de datos conocidos por razón de su cargo podría "afectar y perjudicar gravemente" la investigación en curso.

En la vista, celebrada el 3 de julio, los letrados de las partes se mantuvieron en sus posiciones, mientras que el fiscal solicitó una aceptación parcial de la demanda, pero sólo coincidió con ésta en pedir que el fallo se publicara en el diario EL PAÍS.