Tres meses de proceso judicial

El ministro del Interior, José Barrionuevo, presentó el 27 de marzo una demanda civil contra Promotora de Informaciones, SA (PRISA), editora de EL PAÍS, y contra el director de este diario, Juan Luis Cebrián, por presunta vulneración ilegítima del derecho al honor en relación con informaciones publicadas en este diario sobre el asesinato de Santiago Brouard, dirigente de la coalición vasca Herri Batasuna, ocurrido en Bilbao el 20 de noviembre de 1984.En relación con este asesinato, el 13 de diciembre de 1984 un juez de Bilbao había dirigido dos oficios al Gobierno, a solicitud del fiscal encargado de la investigación del caso Brouard, Emilio Valerio Martínez. El primero de los oficios iba dirigido al Ministerio de Defensa, y en el mismo se solicitaba datos de los tres servicios de información militares, con el fin de cursarles nuevos oficios para la investigación. El documento fue remitido por el ministro de Defensa, Narcís Serra, al ministro de Justicia, Fernando Ledesma.

El segundo oficio judicial solicitaba a la Comisaría General de Información, dependiente del Ministerio del Interior, que se comentaran y estudiaran diversas hipótesis sobre los posibles autores del asesinato, así como que se investigara y analizara a servicios de información del Estado, entre ellos el CES ID y el de la Guardia Civil, sobre su posible relación con el atentado o su eventual conocimiento previo del mismo.

Posteriormente, el fiscal Emilio Valerio Martínez de Muniáin fue, relevado del caso. Asimismo, este fiscal fue sancionado por unas declaraciones en las que afirmaba que el asesinato de Santiago Brouard podría haberse evitado y que determinadas personas o instituciones podían tener conocimiento del atentado.

La demanda

Tras la publicación en este diario de varias informaciones y editoríales en relación con este asunto, el ministro del Interior, José Barrionuevo, presentó el 27 de marzo una demanda civil contra PRISA, empresa editora de EL PAÍS, y contra el director de este diario, Juan Luis Cebrián, por presunta vulneración ilegítima del derecho al honor de José Barrionuevo Peña. La demanda se apoyaba en la Ley Orgánica de Protección Jurisdiccional de los Derechos de la Persona.

La representación legal del director de EL PAÍS y de PRISA contestó a la demanda que los editoriales y noticias publicados sobre el caso Brouard "siempre han tenido corno destinatario, sin excepción alguna, al ministro del Interior ( ... ). El señor Barrionuevo, como persona fisíca, privada, particular, no ha interesado al períódico EL PAÍS en ningún momento".

Los ministros de Defensa y de Justicia declararon, a petición de los demandados, como testigos el 14 de mayo. El 16 de mayo, el ministro del Interior realizó su confesión judicial. Al día siguiente, amParándose en el secreto profesional, el fiscal Valerio se reservó la información sobre los servicios de información en relación con el caso Brouard. La vista del caso se celebró el pasado 3 de junio.