Barrionuevo consideraba que, se vulneró su honor con críticas "desorbitadas"

Madrid La demanda contra EL PAÍS interpuesta en representación de "José Barrionuevo Peña, en la actualidad ministro del Interior", ante un juzgado de Madrid se acogió a lo establecido en la ley orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, de 5 de mayo de 1982, y en la ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, de 26 de diciembre de 1978. El representante de Barrionuevo alegó que el periódico vulneró el honor de su mandante, y expresó que "las críticas del diario EL PAÍS han sido desorbitadas y excesivas".

La demanda consideraba que las críticas merecían estos calificativos en "el fondo en cuanto que se imputan al señor Barrionuevo y al departamento y servicios que dirige desmesuras en todo punto irreales- y en por la forma -ya que las expresiones utilizadas son muchas veces inusitadamente graves e hirientes, y sobre todo innecesarias, para hacer efectiva la crítica que se quería formular-, lo que, en suma, revela un ánimo de agraviar fácilmente constatable".Más adelante señalaba que EL PAÍS, en "su incontenible animosidad contra la persona del señor Barrionuevo ( ... ), decidió elevar aún algunos grados su punto de mira, y no dudó, para difamar al ministro, en dirigir sus armas contra los pilares mismos del sistema dernocrático". Asimismo, citaba una serie de supuestos que pretenden demostrar la existencia de una "recalcitrante línea editorial basada en una animosidad inexplicable de EL PAÍS respecto al ministro, tales como descalificaciones genéricas y menosprecios, alusiones que podrían considerarse como un incumplimiento de las obligaciones del cargo y vulneraciones de las reglas del Estado de derecho", al insinuar que a "la violencia de ETA se responde por el ministro del Interior por una violencia de la misma especíe, inconstitucional y marginal respecto de los usos obligados en un Estado de derecho".

Ataque a la democracia

Asimismo, alega que el agraviado es un ministro y que en la agresión, "no sólo negligente sino malévola y dolosa, se pone en cuestión no sólo el honor del señor Barrionuevo como persona, sino, ya que su persona es inseparable del cargo que ocupa en la actualidad, también las instituciones básicas del sistema democrático, que, de aceptarse lo que EL PAÍS ha difundido, funcionarían no según las exigencias de un Estado de derecho, sino al margen de toda legalidad, practicando un fanático y judicialmente incontrolable terrorismo de Estado".

La demanda expone que, a la

vista de las informaciones de EL PAÍS sobre el caso Brouard, y porque se trata de "un verdadero supuesto límite", "es particularmente pertinente que, por la vía judicial, como está indicado en nuestro sistema constitucional, se muestre a un periódico en qué medida está mal utilizada una libertad como la de Prensa, rebasando con mucho los límites de su lícito ejercicio".

Por ultimo, el ministro del Interior, mediante su representación legal, reclamaba la declaración de que EL PAÍS ha cometido una intromisión ¡legítima en el honor de José Barrionuevo y le ha difamado; la condena a publicar en primera página del periódico los considerandos y parte dispositiva de la sentencia, como reparación de las lesiones causadas; una indemnización cuantiosa por el daño moral sufrido, y la condena de los demandados al pago de las costas y gastos. La condena se pedía tanto para el director del diario como para PRISA, empresa editora, y para ello se acoge a la ley de Prensa franquista de 1966, exigiendo la responsabilidad solidaria de la empresa, no prevista en la ley de Protección Civil.